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Cabrera acusó a Recalde y a la directora de Dinapi, Patricia Stanley, de haber establecido traslados inconsultos, en trasgresión a la Ley 1626/00, que establece la imposibilidad del hecho, salvo que sea con la aceptación expresa del funcionario.
Alegó que su sindicato es un gremio vigente y que se estableció en el año 2013.
También acusó a Recalde de supuesto hecho de prevaricato en el ejercicio de la función pública, con una denuncia presentada ante el Ministerio Público. Argumentó que a pesar de que fue sobreseído en el sumario de la Función Pública, Dinapi estableció la prohibición para ingresar a la institución.
Los otros funcionarios de Dinapi que sufrieron traslados y que llegaron hasta nuestra redacción fueron Daniel Pecci, Óscar Colmán y Ercilia Martínez.
Por su parte, en consulta telefónica, el abogado Walter Recalde señaló que “las documentaciones que obran en Dinapi demuestran que el Sifudinapi no es un sindicato reconocido y que por tal razón, la institución puede realizar sus trasladados de una oficina a otra, como cualquier funcionario, para un mejor desempeño”.