Denuncia por daño al ferrocarril

De permitirse la mutilación de la Estación Botánico, este hecho conllevaría una gravedad mucho mayor aún que las situaciones de atropello a los bienes ferroviarios que motivaron una reciente denuncia ante la Fiscalía por parte de un grupo de abogados que ha solicitado la investigación y procesamiento de las principales autoridades que han propiciado, primero la entrega de la franja de dominio del ferrocarril y luego la destrucción de rieles y del trazado histórico del tren en un tramo de 6,3 kilómetros en Ñu Guasu.

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El patrimonio del antiguo Ferrocarril Pdte. Carlos A. López está protegido por varias leyes y otras normativas, entre ellas, la Resolución N° 55/2001, de la Dirección de Patrimonio Cultural, por la cual se ha declarado con mucha claridad “como parte del Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectura y Urbanístico de la República a las estaciones (ferroviarias) y sus entornos paisajísticos”.

En el caso de la Estación Botánico, esta es una de las más antiguas después de la del centro de la Capital, e incluso el primer viaje importante de nuestro tren fue entre ambos puntos en 1861, es decir, hace 152 años.

Por este motivo, legalmente, sería muy difícil de sostener la viabilidad del uso de más de 2.800 m2 en la referida estación, aunque las autoridades del MOPC, responsable del proyecto de la autopista Ñu Guasu, han mostrado hasta ahora muy poco apego a las leyes que rigen en la materia, habiendo actuado con prepotencia y abuso de poder, según la denuncia de los abogados Luis Carlos Jara, Constantino Rodríguez, Eusebio Servían Ocampos y Atilio Rodríguez Adorno.

Los denunciantes sostienen que el ministro Enrique Salyn Buzarquis y su viceministro Juan Max Rejalaga, entre otros, en “la premura por comenzar las obras de la autopista Ñu Guasu”, usurparon la franja de dominio ferroviario, con el agravante del desmantelamiento de sus activos productivos enclavados (rieles, durmientes, etc.) y destrucción del terraplenado de su trazado histórico, “con total soberbia y descaro”.

Dejaron también constancia de la actitud de connivencia o complicidad de la gente de la Secretaría Nacional de Cultura y su Dirección de Patrimonio, igual que Fepasa y el procurador Pedro Rafael Valiente Lara.

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