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De acuerdo con los datos, el SIRT es una suerte de censo agrícola que en una primera etapa debía relevar datos de 993 lotes fiscales. Eso incluía la situación de los ocupantes, si estos poseen título de propiedad o solo certificado de adjudicación, si el inmueble no está en posesión, etc.
Sin embargo, la denuncia indica que apenas se relevaron datos de 222 lotes, lo que significa que ni siquiera se cumplió la tercera parte de la meta. Pero los millones de dólares recibidos por el Indert para financiar el SIRT sí se utilizaron aparentemente en su totalidad.
De ahí que uno de los pedidos del denunciante es que el Ministerio Público requiera al Indert y a los responsables del SIRT, cuyo asesor es Hugo Jiménez Recalde, el detalle de los montos recibidos cada año y la ejecución correspondiente.
Otro punto que se observa en el escrito presentado a la Fiscalía es que la existencia del SIRT se superpone con la naturaleza del Indert, pues entre las funciones del ente está, de hecho, la regularización de la tenencia de tierras. Para ello cuenta con oficinas regionales en todo el país, pero aún así, en la gestión de Cárdenas se prefirió llevar adelante el censo agrícola independiente, con contratados externos y, por supuesto, recibiendo millones de dólares adicionales. Finalmente, Lovera pide la intervención de la Procuraduría ante un posible daño al patrimonio del Estado.