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El consorcio Bella Vista (integrado por la norteamericana Environmental Risk Service –ERS–, representada por Paola Rodolfi, y la española Magtel, por Javier Gala) fue el que presentó documentos falsos para abultar su facturación, para reunir uno de los requisitos esenciales de la licitación para la obra de refulado hidráulico y complejo de viviendas en Bañado Norte, donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales.
Recién ahora la nueva fiscal penal del caso, Laura Guillén, está comenzando a accionar en la causa. Solicitará los servicios de un traductor público, dado que las documentaciones facilitadas por la Essap están en inglés. No obstante, señaló que enviará oficios al Banco Mundial a fin de solicitar datos de las empresas involucradas en el caso denunciado, directa e indirectamente. También está solicitando una fiscal coadyuvante de la Unidad de Delitos Económicos.
Según los datos, Guillén deberá sortear los obstáculos que pone el ente multilateral en el caso de las documentaciones, porque blinda los contractos firmados con las empresas privadas y públicas al incluir cláusula de confidencialidad. Justamente, la Essap señaló en su denuncia que los documentos del BM se deben mantener en reserva. En un principio, el caso tuvo la agente fiscal Sussy Riquelme, que pidió la declaración testifical de Javier Gala, uno de los representantes del consorcio, pero éste argumentó recargo de trabajo para evitar hacerlo.