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Preguntado el sistema local de elección de jueces y ministros de la Corte, altamente politizado, donde cada político o sector político quiere tener a los jueces o ministros “a la medida” de sus intereses, Baltasar Garzón contestó: “Yo soy muy respetuoso de los sistemas jurídicos legales de los países democráticos. Soy partidario de la participación cada vez más activa de los ciudadanos y las ciudadanas de cada país en la política y en una democracia más participativa, y no tanto representativa”.
Agregó que los ciudadanos también tienen que participar, en forma directa, en los mecanismos de selección de aquellos cargos que gobiernan el mundo de la justicia. “Para mí no es ideal que sean los políticos los que los elijan, pero –a la vez– los ‘representantes del pueblo’ tienen toda la legitimidad y ese sistema no tiene que ser necesariamente malo”, expresó.
Como ejemplo puso el caso de los Estados Unidos, donde los jueces y magistrados ministros de la Corte Suprema son propuestos por el Presidente y la institución parlamentaria es la que designa. “Lo que ocurre es que hay un exhaustivo examen previo en todos los ámbitos para establecer la ética y la preparación de esas personas; por tanto, no todo está en el sistema de elección. Sin embargo, una vez que te eligen a ti, eres tú quien tienes que hacer valer la independencia, la imparcialidad, el no sometimiento político. Eso lo dice la Constitución Nacional paraguaya de 1992, y lo dice la española de 1978”, destacó.
Añadió que se puede diseñar un sistema u otro, pero no sistemas en los que los designados y los que designan queden por encima del control ciudadano. “Por tanto, en esa línea hay que desarrollar esquemas de participación más activos y exigir responsabilidad y una actuación contundente, fijando mecanismos claros de separación de poderes”, dijo.
Inseguridad jurídica
Preguntado cuánto afecta a la imagen del Paraguay el caso penal de la compraventa de helicópteros, y que afecta al exministro del Interior Rafael Filizzola y a los empresarios españoles Álvaro Lasso y Guillermo Casado, dueños de la empresa paraguaya Proibérica (a quienes la Fiscalía prohibió hace diez meses salir de Paraguay), el exjuez respondió que “afecta mucho”, porque devela una cota de inseguridad jurídica grande. “Cómo es posible que se haya iniciado un proceso penal basado en un borrador. Es decir, en algo que no existe, porque no es un documento. Esto ha sido reconocido expresamente por el propio Presidente de la República (Horacio Cartes) y el ministro del Interior (Francisco de Vargas), en un informe remitido al Congreso nacional”, enfatizó Garzón.
Debido proceso
Garzón presentó días pasados a la Corte Suprema de Justicia un dictamen en el que refiere que se han violado el debido proceso y garantías judiciales, por lo que sugiere a la máxima instancia jurisdiccional de la República declare nulo el proceso judicial contra inversores españoles que se encuentran procesados sin haber prestado declaración indagatoria y acusados con documentación falsificada en el Ministerio del Interior. Los mismos están acusados desde mayo de 2013.