Delitos Económicos analiza imputación

La Dirección de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la Abog. Patricia Doria, analiza si existen méritos o no para abrir una investigación por supuestos hechos de corrupción contra el actual ministro de Agricultura, Jorge Gattini, a quien la Coordinadora de Abogados del Paraguay le atribuye una supuesta “tragada” de G. 40.000 millones. Doria explicó que la Fiscalía Adjunta, a cargo de Federico Espinoza, le remitió ayer el escrito de denuncia presentado por las abogadas Kattya González, Carmen Edith Rodríguez y María Ester Roa, de la citada coordinadora.

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“Una vez que se emita el dictamen a mi cargo será derivado a la Fiscalía Adjunta, en caso de que existan méritos para abrir la investigación, y en ese caso también se verá si corresponde a esta unidad o puede ser derivada a otra”, indicó.

La denuncia contra Gattini abarca hechos punibles de lesión de confianza, enriquecimiento y tráfico de influencia, por supuestas “tragadas” por un total de G. 40.979.907.844. Según el gremio, Gattini habría realizado un verdadero “festival” de transferencias y gastos de fondos públicos sin tener en cuenta normas legales administrativas. Para el efecto habría utilizado viejas prácticas administrativas, a través del convenio firmado con organismos internacionales “usó recursos públicos para pagos en concepto de viáticos, honorarios profesionales, publicidad, combustible, reparaciones y compra de equipos informáticos, reparación de autos, mantenimiento de oficinas del MAG, al solo efecto de evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado”, dice el escrito de denuncia. Se consigna, a su vez, que las irregularidades se consumaron en varios rubros y programas de apoyo a la agricultura familiar llevados adelante por el MAG.

“Gattini, amparado en una carta entendimiento firmada entre MAG y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, transfirió recursos públicos a través del Programa Desarrollo de Apoyo a la Agricultura Familiar por G. 7.797.971.611, sin observarse en la rendición de cuentas los requerimientos mínimos establecidos por ley”.

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