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El vocero del grupo de obreros de la empresa Julio Correa, Miguel Rojas, responsabilizó al viceministro de Transporte Agustín Encina de aprobar el inicio de operaciones a la nueva empresa dueña de la línea 51, sin tener en cuenta los derechos del trabajador contemplados en la Carta Magna. “Nuestra Constitución dice que el viceministro debe velar por los derechos de los transportistas, usuarios y choferes, y de nosotros nadie se acordó”, dijo.
Asimismo, Rojas expresó que ni siquiera recibieron una notificación, sino que se enteraron de que perderían su trabajo por la prensa, una vez que ya se hizo pública la licitación. Por otra parte, manifiestó que la empresa San Isidro dejó sin transporte a 15.000 personas aproximadamente, ya que modificó el recorrido y así abandonó a los pasajeros de los barrios ubicados en el corredor Maka’i-Isla Bogado.
Lo que Rojas cuestiona más es que en la licitación se otorgaron 30 puntos a las compañías que tuvieran vehículos nuevos, y el mismo puntaje a los que absorbieran al 100% de los trabajadores.
Al ser consultado el viceministro Agustín Encina, este indicó que en realidad solo 40 empleados figuran en la lista oficial de choferes de Julio Correa, es decir, solo esa cantidad son legales. “Al parecer lo que pretende este grupo sindical es que se absorba a muchas personas que no se encuentran en los registros del Ministerio del Trabajo como choferes de la línea 51”, advirtió.