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El evento contó con la participación de representantes del sector sindical y legisladores de diversos sectores, según el informe sobre la audiencia.
Según Vera, ya hace tres años que no se tiene un reajuste y “esa dilación es muy perjudicial para el poder adquisitivo de los trabajadores, principalmente, teniendo en cuenta la importancia en la canasta básica en la economía misma. Vemos esta ley como un instrumento para combatir la crisis”, alegó, añadiendo que varios países de la región tienen este tipo de ajustes y que la idea no es ninguna innovación, sino que es “algo básico” el “hacer un reajuste automático anual, con un acompañamiento de los sectores involucrados, tanto los trabajadores como el Estado y la patronal”.
Sostuvo que sería justo “un ajuste automático anual con base en dos variables macroeconómicas: el índice de precio al consumidor y el producto interno bruto. La suma de estos factores debe representar el incremento anual del salario mínimo”, argumentó Vera.
“La pregunta es qué está haciendo el Ministerio del Trabajo para controlar que se pague realmente el salario mínimo. Fíjense que hay una escala de salarios mínimos de acuerdo a la actividad, pero aquí se paga un millón ochocientos y algo, dejando de lado el resto. Son derechos, simplemente”, agregó.
Se habló también en la oportunidad que este es el único gobierno en los últimos veinte años que no ha subido y ha dilatado la suba del salario mínimo.
A su turno, Casco dijo que los datos que se tienen del Fondo de Poblaciones Unidas, o incluso del propio Ministerio del Trabajo, hablan de que la mayoría de la población en nuestro país percibe el salario mínimo y que este sector que percibe ese salario mínimo, ya sea del sector público o privado, no recibe ningún ajuste.