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De acuerdo con la resolución N° 30/2015, que produjo la Municipalidad de General Artigas, la declaración de emergencia social ayudará a iniciar “la defensa social” ante las autoridades del Estado, como también acelerar procedimientos para resarcir a unos 500 afectados por el vaciamiento de la Cooperativa Gral. Artigas.
Los socios son en su mayoría pobladores de escasos recursos de General Artigas, San Pedro del Paraná y Leandro Oviedo.
La declaración se realizó a pedido de los afectados, según indica el documento y, de esta forma, aparentemente, buscan el salvataje a través de un subsidio estatal. Hay otros casos de pedidos de subsidios como el impulsado por los socios de la Cooperativa Cnel. Oviedo.
El texto se refiere también a la incompetencia del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que no cumplió en forma acabada el mandato de la Ley 438/94, que le obliga al órgano a supervisar y auditar a todas las cooperativas que funcionan bajo el amparo de esa ley. Señalan que la falta de una adecuada supervisión facilitó la perpetración de fraudes, como los que fueron descubiertos en la emblemática cooperativa, ahora en liquidación.
A pesar de que la entidad arrastraba deficiencias y faltas con el órgano regulador desde el año 2008, el Incoop entró a fiscalizar e intervenir cuando explotó el problema, en octubre de 2014, demora que fue muy cuestionada por los afectados.
Por su parte, consultado el titular del Incoop, Humberto González, cuestionó la “dejadez y despreocupación” de los socios de la cooperativa, quienes no reclamaron a las autoridades del ente solidario por los malos manejos que le afectaban.
Añadió que desde su administración tomaron los recaudos para intervenir apenas conocieron esa situación. Cabe destacar que hasta la fecha las cooperativas no cuentan con un fondo de protección para los ahorros, como tienen bancos y financieras.
A siete meses de la investigación, la fiscalía de esa localidad asegura que pese a la complejidad y dificultades que tuvieron para armar el caso, cuentan con elementos para la imputación de los responsables, en este caso de los administradores de la entidad solidaria y de sus cómplices.
Según se informó, ya notificaron a doce personas, entre directivos y exfuncionarios de la entidad solidaria, que deben declarar en el marco de la pesquisa previa hecha por el Incoop.
En el momento en que se inició la investigación, los dirigentes que estaban al frente de la Cooperativa eran Máximo Arámbulo, en el Consejo de Administración, y Antonio Aguilera, en la Junta de Vigilancia.
El caso cobró notoriedad en octubre de 2014 con el suicidio del gerente Ramón Acuña. Luego de este hecho comenzaron los problemas de liquidez, las demandas de acreedores y de socios por pagarés y contratos de ahorro adulterados.
En liquidación
La estafa a socios y terceros en la Cooperativa General Artigas, por más de G. 8.500 millones, causará el cierre de una de las entidades más emblemáticas de la ciudad del mismo nombre, con más de 35 años de vida institucional. En la asamblea del 7 de abril último, los socios crearon una comisión liquidadora, que deberá vigilar que el proceso de cierre se adecue a las leyes vigentes y que a la vez permita salvar algo de los ahorros de los numerosos socios afectados.