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Para legitimar el Acta de Entendimiento, que permite la construcción de una nueva central en Aña Cua, obra no prevista en el Anexo “B”, que fue firmado por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri en mayo de 2017, que en septiembre de 20l7 se transformó en nota reversal, debe contar con la aprobación del Legislativo. Sin embargo, pese que a la fecha los puntos acordados no fueron sometidos a su consideración, es inaudito que las obras civiles y de equipamiento electromecánico estén en marcha, desoyéndose inclusive a amplios sectores que advierten que el instrumento contiene nuevas claudicaciones a los derechos paraguayos en la binacional. Sobre el controvertido ordenamiento económico y financiero de la Entidad (EBY), acordado en el Memorándum de Entendimiento, el Ing. Gustavo Segovia, exasesor del Consejo de Administración de la EBY, señalaba en su momento que “el punto 5 referido a la compensación en razón del territorio inundado prevista en el numeral IV del Anexo “C”, confirmó que para el pago por compensación de territorio inundado, la distribución es 80% para el Paraguay y 20% para la Argentina, y que en el Acta de Entendimiento se estableció que la misma se comenzará a pagar mensualmente a partir de 2018, y la deuda acumulada desde 1994 hasta 2015, estimada en unos US$ 940.579.282 para el Paraguay, será pagada en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas a partir de 2023”. O sea, la deuda acumulada se cancelará en 2033, siempre y cuando otro mandatario no corrija lo acordado. También llama la atención que no haga referencia a intereses que normalmente debería devengar una deuda.
El Ing. Segovia añadía que “el trabajo de verificación de cálculo de territorios inundados se hizo en los primeros meses del 2009 y, pese a la interferencia y reticencia de algunos profesionales paraguayos de la EBY, quienes se negaron a proveer datos fundamentales, el resultado indicaba que el territorio inundado en la margen paraguaya era aproximadamente 13,5% mayor que los 815 km² que se venía utilizando para adoptar el 80/20 de lo indicado por la fórmula establecida en el Anexo C”. Según este porcentaje, la suma realmente adeudada a nuestro País sería US$ 1.067.557.485. Segovia subrayó que profesionales de la ingeniería cuestionan “que hayan aceptado esos valores sin nuevas mediciones por técnicos de las Altas Partes, y tampoco se tuvo en cuenta, la sobreelevación entre 0,50 m y 1,00 m del embalse indicado en el tratado (que desde febrero de 2011 se mantenía en cota 83 m sobre el nivel del mar), inundando así un área mayor de nuestro territorio, y que además causa un mayor daño a obras y medio ambiente”. ccaceres@abc.com.py