Cuestionan burocracia para venta de radio FM

Emigdio Peralta, propietario de una radio FM en venta, criticó la burocracia que existe en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para resolver la transferencia de su emisora.

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El pedido presentó en diciembre del año pasado. Han pasado siete meses y el ente regulador todavía no se expidió sobre la solicitud, pese a que existen dictámenes favorables de la asesoría jurídica, del departamento administrativo y técnico para la transferencia.

“No puede pasar tanto tiempo para emitir la resolución. La burocracia es también una forma de corrupción”, expresó ayer a ABC.

Agregó que ya tiene un precontrato firmado con el Grupo Chena, propietario de Canal 13, y que de frustrarse la venta estaría accionando ante la justicia en contra de la institución pública para exigir un resarcimiento económico por daños y perjuicios.

Informó que está en tratativas para adquirir una radio AM por lo que necesita contar con el dinero de la venta de la emisora.

Intentamos conocer la versión de la Conatel, pero sin éxito. En la oficina de prensa y comunicación social informaron que la titular, Teresita Palacios, estaba internada por problemas de salud.

La radio en cuestión es FM 93.3, que funciona en la localidad de Pirayú (Dpto. de Paraguarí).

Ya le vendió otra radio

El señor Peralta ya vendió otra radio este año al Grupo Chena. Se trata de una emisora que está operando en Puerto Elsa.

La solicitud había presentado también a fines del año pasado y la resolución de la Conatel salió en apenas 30 días, según explicó el empresario.

Esto significa que la propia Conatel había infringido la Ley 642/95 y sus reglamentaciones que prohíben que una sola persona tenga más de una radio FM.

La primera vez que el ente no otorgó una segunda radio FM fue en 2008, bajo la presidencia de Jorge Seall. La afectada fue Marilda de Afara, intendente de María Auxiliadora y esposa del actual Vicepresidente de la República, Juan Afara. La política colorada consiguió que la justicia le beneficie.

La Corte ni siquiera tuvo en cuenta la ley electoral que prohíbe la explotación de un medio de comunicación por parte de una política.

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