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El conflicto se da en 4.000 hectáreas que están a nombre de Agropeco en los Registros Públicos y que se intentó vender al instituto rural hace 30 años, sin culminar el proceso de transacción. Pese a ello, el ente expidió títulos y otros documentos a terceros, que hoy reclaman derechos.
Los letrados reconocieron que entre sus 120 representados hay brasileños y descendientes, que son paraguayos naturales. En tal sentido, dijeron que la anterior legislación agraria permitía que extranjeros compren tierras del instituto rural.
Admitieron también que en el lugar hay miles de hectáreas de plantaciones de soja, es decir, no hay arraigo en la mayoría de los casos. Sin embargo, señalaron que pasaron muchos años y que hoy día, el principal rubro es la agricultura mecanizada.
En 1985, el instituto agrario había abonado el 30% del precio acordado a Agropeco, pero no se llegó a finiquitar el pago y tampoco hubo transferencia de la empresa al Indert. Al respecto, los abogados dijeron que la firma de referencia sigue siendo acreedora del Estado, pese a que en 2013 devolvió el importe recibido.
Resaltaron que si bien es cierto que el Indert cometió irregularidades en todo este tiempo, sus clientes son personas de buena fe, que compraron las tierras del ente o bien, de paraguayos que cumplieron con 10 años de posesión y que después decidieron vender.
Lamentaron que Agropeco haya rechazado el precio que se le planteó pagar años atrás para solucionar este conflicto, ya que un juicio como el que planea iniciar dicha empresa puede llegar a durar 10 años. Lo mejor sería sentarse a negociar entre las partes, puntualizaron.