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La última semana, en forma unánime, los ministros Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes y Miryam Peña Candia hicieron lugar a la excepción de inconstitucionalidad que planteó el concejal colorado de la ciudad de San Lorenzo Ignacio Brítez Ruiz, quien figura en la planilla de la Itaipú Binacional con un salario de 35.658.287. El mismo está comisionado a la Cámara de Diputados donde debería cumplir sus funciones en el horario de 7:30 a 15:30.
Al mismo tiempo, Brítez Ruiz ejerce las funciones de concejal municipal en la ciudad de San Lorenzo, donde percibe una dieta de G. 10.706.290 más gastos de representación de G. 12.055.513, totalizando un ingreso mensual de G. 58.420.090.
Para la Corte, la Itaipú Binacional es una persona jurídica de derecho internacional, de naturaleza especial y el tratado que la rige está por encima de las leyes nacionales. Alegan además que los trabajadores de la binacional no son funcionarios del Estado paraguayo ni del brasileño, sino directamente de la Itaipú, además sus remuneraciones no están incluidas en el presupuesto general de gastos.
Consultado al respecto el ingeniero Germán Escauriza, calificó el fallo “ barbarie jurídica”, que causará un inmenso daño al Estado de derecho.
“Con esto se concluye que los funcionarios de Itaipú crean que no deben rendir cuentas al Estado, esa es la realidad”, opinó Escauriza.
“Solamente para los miembros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay los funcionarios de las entidades binacionales no son funcionarios públicos”, indicó.
Sin embargo, cuando el Estado les nombra se convierten en mandatarios del mismo, sostuvo. “No importa si no cobran sus salarios del presupuesto de gastos de la nación. Están cobrando sus salarios con los rubros de una empresa cuya propiedad, en un 50%, pertenece al Estado paraguayo”, enfatizó.
Recordó que en Brasil ahora se movió el avispero con la publicación de los altos salarios que cobran los directivos y afirmó que con este fallo, la Corte Suprema de Justicia le está dando vía libre a la presencia de planilleros. “Cómo va a trabajar una persona en la municipalidad y en Itaipú o en la Cámara de Diputados al mismo tiempo. No tiene sentido, es insostenible este fallo y no resiste ninguna lógica jurídica”, insistió el especialista del sector eléctrico.
Entidad se desentiende
Sobre la situación de Brítez, la Itaipú manifestó que Diputados debe informar sobre el estricto cumplimiento del objeto de su comisionamiento, tareas realizadas, horario de trabajo cumplido, etc. En relación a otras funciones desempeñadas, que no afectan labores ni el horario establecido, la entidad se somete y cumplirá lo que resuelvan las autoridades, indicó.