Cuestionadas designaciones

Dos personas con oscuros antecedentes fueron designadas para ocupar relevantes cargos públicos. Se trata de Carlos A. López Rodríguez, nuevo gerente general de Essap, procesado en 2002 por tener US$ 300.000 en un paraíso fiscal, y Carlos Servín G., director financiero del MOPC, imputado en 2011 por un caso de corrupción en Petropar.

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Actual gerente de Essap fue condenado por corrupción

Carlos Antonio López Rodríguez fue nombrado como gerente general de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) por la nueva administración de la estatal presidida por Natalicio Chase Acosta.

No sería cuestionado el nombramiento si no hubiera sido procesado por corrupción. La agente fiscal Alba Delvalle le imputó en 2002 por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Tenía depositados US$ 300.000 en un paraíso fiscal. Delvalle recordó que le quitaron la causa para darle a Sergio Alegre, entonces nuevo en Delitos Económicos.

Respecto al caso, López Rodríguez explicó a nuestro diario que “esa plata era de su suegro, estanciero”, que después falleció. “Yo no justifiqué el origen del dinero, solo quería que se terminara todo y finiquité el proceso. Acepté la causa”, explicó.

Al reconocer su responsabilidad, la fiscalía le aplicó el proceso abreviado y le impuso una pena para resarcir el daño. No recordaba en qué consistió la condena, pero aseguró que ya no volverá “a equivocarse”.

López Rodríguez ocupó la presidencia de la ex-Corposana entre 1999 y 2001, y luego la presidencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSS). En la exCorposana (ahora Essap) le tocó administrar parte un crédito de US$ 46 millones del Banco Mundial para la construcción del túnel de 3.000 metros en la Av. Primer Presidente, desde Madame Lynch hasta la Transchaco. La obra tiene defectos, por lo que cada vez que llueve inunda el asfalto al costado del Botánico. Suele tener un géiser que llama la atención de todos.

El proyecto incluía el túnel y una planta de tratamiento de residuos cloacales. Este último no se ejecutó, porque en 2002 unos US$ 12 millones fueron redireccionados a la Secretaría de la Reforma, en ese entonces a cargo del actual ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Esta secretaría fue intervenida y desapareció, dejando al país el clavo de la deuda.

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