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El “supersalario” que recibe la viceministra de Tributación, Marta González, gracias a la adjudicación de las multas, es una muestra más de su falta de ética, pues sus antecesores renunciaron a este beneficio, comentó al respecto la abogada tributarista Nora Ruoti.
La especialista manifestó que el “supersalario” que recibe la viceministra de Tributación no condice con la realidad, puesto que solamente calculando las supuestas “recaudaciones” de su “gran logro”, como los casos de la “megaevasión”, las multas fueron del 300% y la mitad (150%) se repartió.
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Ruoti dijo que la simple denuncia no es la solución, ya que hay una disposición legal al respecto, específicamente el artículo 239 de la Ley 2421/04, de Adecuación Fiscal, que establece que el funcionario actuante tendrá derecho hasta el 50% de las multas y que se distribuirá equitativamente entre todos los funcionarios.
Sin embargo, este beneficio “extra” vigente desde el 2004 no fue reclamado por los anteriores viceministros. Recién en la administración de González y coincidente con los operativos de la megaevasión se dispuso, a partir de una resolución interna, la 12/15, incluir también a la viceministra en la distribución. Con este pago extra la titular de la SET percibe una remuneración mensual de G. 42.514.670, casi el doble que los demás viceministros y de su propia jefa, la ministra Giménez, quien cobra una remuneración de G. 24.592.000.
Ruoti alegó además que es preciso poner al conocimiento de la opinión pública la percepción de las multas de todos los casos de infracciones tributarias, su cuantificación y su destino.
Además, pide el cruce de estos datos con el informe de la “tan autovanagloriada” gestión tributaria y la participación de representantes de gremios, contribuyentes y de la prensa, entre otros.
Excluir del PGN
La senadora Desirée Masi también cuestionó la autoasignación de multas de la viceministra González y calificó de inmoral que la funcionaria perciba un incentivo por hacer su trabajo.
Agregó que los incentivos económicos ya están desfasados y que actualmente ya no se estila en las administraciones, porque generan perversión en los servicios públicos.
Dijo además que este esquema ya fue cuestionado en otras oportunidades por el Congreso, y adelantó que en esta oportunidad pedirán la exclusión del rubro categorizado como “otras transferencias corrientes” del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. “Hacienda pide a los otros que se ajusten el cinturón, pero ellos no lo hacen”, indicó Masi.
En defensa de los pagos extras o incentivos salieron la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País).
El legislador indicó que está a favor de que altos funcionarios del Estado, sobre todo los que manejan intereses económicos, estén bien remunerados, de lo contrario se los expone a una baja calidad de servicio público y a la corrupción, alegó.
Cobrarán mientras ley permita
Consultada sobre las críticas que recibió, tras revelarse que gran parte de sus ingresos mensuales se compone de su participación en las multas, la viceministra de Tributación, Marta González, se justificó señalando que trabaja 12 a 14 horas por día. También dijo que ella y sus funcionarios han recibido incluso amenazas de muerte y que la remuneración de G. 42 millones en promedio “es lo que cualquier gerente de empresa puede ganar”.
“Mientras la ley lo permita, vamos a continuar (cobrando), porque estamos haciendo un trabajo que conlleva mucha responsabilidad y si consideramos las 23 amenazas de muerte, es lo que amerita”, aseguró ayer la viceministra González ante la consulta.