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En la nota, con fecha 18 de este mes y que trascendió el día de ayer, se solicita a la ministra de Hacienda poner fin a la discriminación existente entre funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y los demás que “aparentemente somos considerados de segunda categoría”.
El Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih) sostiene que a modo de demostrar la inequidad, ponen como ejemplo los montos que percibieron las autoridades en febrero pasado, entre ellas la viceministra Marta González Ayala.
La titular de la administración fiscal percibió en febrero como ingreso total (salario más beneficio y participación) más de G. 44 millones y los principales directores recibieron entre G. 36 millones y G. 42 millones y más (ver facsímil).
Expresa que los funcionarios que realizan la tarea no perciban casi nada y los demás nada, pero que los jefes, coordinadores, directores y “en especial la propia viceministra” percibe mucho más que la ministra de Hacienda y del propio presidente de la República, Horacio Cartes, “cosa totalmente ridícula”, afirma la nota.
La ministra percibe un ingreso total de casi G. 25 millones y el presidente más de G. 37 millones.
El Prisifumih argumenta que todos los funcionarios deben percibir la participación por multas, porque es Hacienda en su conjunto el que hace posible la recaudación, distribución y ejecución del presupuesto.
La primera petición lo hizo el sindicato en marzo y generó malestar en la SET porque la misma podría ser utilizada como motivo para eliminar este beneficio, muy cuestionado por el sector privado, ya que le convierte a la viceministra como juez y parte de un proceso.
Eliminación
En la Cámara de Diputados, incluso, se aprobó en general un proyecto de ley “Que modifica el artículo 239 de la Ley N° 125/91, y el artículo 9 de la Ley N° 2421, de Adecuación fiscal”, pero el estudio en particular quedó postergado.
La intención de los legisladores es modificar la distribución de multas en la SET, ya que la ley vigente establece la modalidad de “premiar” al servidor público con un estipendio proporcional al monto de la multa aplicada al contribuyente por la comisión de faltas administrativas, suma que oscila entre el 100% y 300% según el caso.
La modificación pretendida excluye al funcionario como denunciante y por ende su participación en la repartija de lo obtenido de las multas. Al mismo tiempo, incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30%.