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El problema del diseño de obras no es solo de Paraguay, sino de todos los países de la región, señaló Masi, quien participó recientemente del congreso de la FIIC. Agregó que los llamados a licitación y otras modalidades de contratación del Estado son realizados con proyectos que no concuerdan con la realidad y si posteriormente surge algún tipo de contratiempo en la obra, las constructoras son las señaladas como responsables, cuando en realidad las proyectistas son las encargadas de esta área, ya que para este trabajo ellas reciben millones de dólares.
En el congreso de la FIIC se destacó la necesidad de reimpulsar el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), proyecto de obras regionales que beneficiaría a todos los países parte en materia de infraestructura.
Otra preocupación del sector de la construcción local e internacional es la inversión extranjera. Cada país debería establecer un margen de preferencia para la industria nacional, señaló Masi y, en ese sentido, hacen falta reglas claras. Por ejemplo, en las alianzas público-privadas se debe garantizar igualdad de condiciones para empresas locales y foráneas.
En cuanto al problema de la falta de pagos del Estado a las contratistas, el directivo de Capaco señaló que hay poca comunicación entre Obras Públicas y las empresas, y el Estado sigue estático en ese sentido, ya que el nuevo gobierno está en el poder hace más de dos meses y ya debería ofrecer una salida al tema.
Construcción, “al borde del colapso”
El presidente de Capaco, Jorge Moreno, fue más lejos en su descripción de la situación del sector al explicar que el problema no es solo con Obras Públicas, sino también con el Ministerio de Educación, de Salud, entes descentralizados, etc. La situación del sector es insostenible, según lo señalado, ya que las empresas están “al borde del colapso”.
Está todo parado y nadie paga nada, apuntó Moreno, pese a las promesas de desembolsos y, lo peor de todo es que, aparentemente, el motivo es político y no financiero, con la intención de “castigar” a empresas del sector. Es que las autoridades actuales acusan a todas las constructoras de ser “delincuentes”, indicó, pero no dan nombres y apellidos, ni casos concretos. Entonces, al meter a todas las firmas en la misma bolsa, no solo se perjudica al empresariado, sino a centenares de obreros y subsectores que dependen de la construcción.
“Las empresas ya no saben qué hacer. Está todo mal esto. Nos consideran enemigos públicos, cuando somos uno de los que emplean más mano de obra. La irresponsabilidad de las autoridades al no dar datos concretos sobre sus acusaciones perjudica sobremanera a todo el sector”, resaltó.