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–¿Por qué cree usted que esta ley de APP no es inconstitucional?
–Yo realmente no encuentro un solo aspecto que signifique una mengua de las facultades de ambas cámaras del Congreso Nacional, ni de los demás órganos de control. Ya de entrada, al aprobarse la ley marco, se dio la autorización suficiente (al Poder Ejecutivo) y a partir de allí, lo que correspondía es la ejecución y bien sabemos que el único con esa facultad es el Presidente de la República.
–En su opinión, ¿a qué se debe la situación que atraviesa hoy esta ley?
–Surgieron algunos hechos políticos que intervinieron para desnaturalizar este proyecto tan estupendo y necesario para nuestro país.
–Algunos sectores sociales argumentan que se le otorga un “poder ilimitado” al Presidente.
–De ninguna manera. Y si es así, por qué no mejoran los controles, dictando nuevas normas para controlar aún más la gestión del Presidente de la República, pero que le dejen que haga lo que tenga que hacer, administrar el país.
Imagínense, el expresidente del Uruguay José Mujica es de extracción de izquierda, pero ha sido en su país uno de los propulsores de esta modalidad para encarar los grandes emprendimientos nacionales. Ante la difícil situación del Brasil, en materia de infraestructura, recientemente autorizaron a la presidenta, Dilma Rousseff, proyectos de coparticipación con el Estado por más de US$ 64.000 millones. O sea, en otras partes esto es normal, natural. Cuando los particulares no tienen capacidad suficiente para desarrollar un proyecto, piden auxilio a otras empresas, y entonces se arma lo que se llama un consorcio, donde las empresas se juntan para encarar un proyecto grande. El Estado es tan igual que una casa, tiene un presupuesto y alguien que lo maneja. Cuando esos recursos son insuficientes y se tienen necesidades sociales tan urgentes como salud, educación, infraestructura, ¿de dónde va a sacarlos si el presupuesto no le alcanza? Entonces, se pide auxilio a quienes los tienen: los bancos y agencias internacionales, o por qué no aprovechar el dinero que tienen los propios paraguayos del sector privado.
–¿Usted cree que el Art. 202, inciso 11, de la Constitución Nacional, cubre toda la constitucionalidad de esta ley?
–Absolutamente. No hay nada inconstitucional en esto. Yo creo que lo que aquí hay es un celo desmedido, natural casi por nuestra manera de ser, desconfiamos de todo y de todos. No creemos más en nadie, faltan referencias que inspiren credibilidad, y hasta los mejores proyectos fracasan, porque se desconfía. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar credibilidad y mejorar los controles.
–Se ha llegado también al extremo de sostener que la ley será un “regalo” de los recursos nacionales.
–Ese es un argumento absolutamente errado. Por favor, de qué manera podremos mejorar las asimetrías duras que existen entre nuestro país y nuestros vecinos. Ni siquiera tenemos infraestructura suficiente para una logística mediana, lo que encarece la movilización de nuestra producción. Una llovizna, como la que tuvimos esta semana, paralizó el país. Hace 20 o 30 años que no hacemos nada en esta materia, pese a que somos un país mediterráneo. Yo creo que la gente que está organizada en gremios y sindicatos deberían ser más abiertos, más razonables, y entender que esto se hace en beneficio de la generación de fuentes de trabajo en el país.
–¿No le parece llamativo el silencio de una gran parte de la sociedad?
–Existe una apatía ciudadana impresionante. Declaramos en nuestro marco legal que somos una democracia representativa y “participativa”, pero hacemos lo contrario: no participamos. Nuestra gente se suele movilizar a veces por estupideces, pero por las cosas importantes nadie logra moverla. Yo recuerdo que una vez se les hizo correr a los diputados y senadores del Congreso (en el 2012), y esa ha sido una movilización válida, cuando se les reclamó a quién representaban realmente. Ese es el mecanismo que hay que utilizar, debemos comenzar a tener una mayor participación, exigir a nuestras autoridades que ejecuten los trabajos encomendados, pero démosle la oportunidad de que hagan algo, porque si solamente desconfiamos, mejor que no hagamos nada. Yo suelo repetir que el Paraguay nunca va a ser un país diferente con paraguayos indiferentes.
jfleitas@abc.com.py