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Recordó que el Fonacide fue creado por Ley 4758/12 y está destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública y de desarrollo.
El mismo está financiado en su la totalidad con recursos provenientes del acuerdo por Nota Reversal Nº 4 de 2009, que establece el aumento de las compensaciones al Paraguay por la cesión de su energía en Itaipú al Brasil, cuyo moto ronda anualmente los 300 millones de dólares.
La ley establece que los recursos del Fonacide serán distribuidos de la siguiente manera: 30% al Fondo para la excelencia de la educación e investigación; 25% a los gobiernos departamentales y municipales.
“Según la ley, al menos el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales deben destinarse a solventar proyectos de infraestructura en educación, consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos; y el 30% del total percibido, al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar, beneficiando a niños de Educación Inicial y Educación Escolar Básica de instituciones educativas del sector oficial, ubicados en contextos vulnerables”, explicó Montanía.
Sin embargo, por las denuncias publicadas en los medios de comunicación, la mayoría de los municipios y gobernaciones que recibieron estos desembolsos han despilfarrado estos recursos en proyectos que no tienen nada que ver con los objetivos que persigue la ley.
“Para disponer de dichos fondos, las gobernaciones y municipalidades deben estar al día con la rendición de cuentas de las partidas provenientes de este Fondo, pero estas en su mayoría no rindieron cuentas y quieren seguir recibiendo los recursos”, señaló el profesional.
Cabe recordar que incluso un grupo de dieciséis intendentes pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la Ley del Fonacide y su decreto reglamentario, que los obliga a rendir cuentas sobre el uso de los recursos antes de cada desembolso.