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La Sala Constitucional de la Corte Suprema, integrada por los ministros Miguel O. Bajac, Miryam Peña Candia y Gladys Bareiro de Módica (en disidencia), habían emitido a mediados de este año el Acuerdo y Sentencia Nº 1084, que hizo lugar (pese a las reiteradas advertencias) a una acción de inconstitucionalidad planteada por la firma Global System SA –que no existe en las estadísticas como importadora de perfumes– para eludir varios requisitos administrativos, algunos de ellos sanitarios, establecidos legalmente para el rubro.
Al respecto, la presidenta ca Cámara de Importadora de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), Cynthia Chihan, manifestó que la citada firma –que no sería más que una agencia despachante de Aduanas– curiosamente logró que dicha Sala Constitucional fallara a su favor, otorgándole la posibilidad de incumplir el Art. 280 de la Ley 836/80, Código Sanitario, y en el Art. 39 de la Ley 1119/97, que otorga a la Autoridad Sanitaria la potestad de reglamentar este registro, a través del Decreto 2881/14, definido por las normas del Mercosur.
La dirigente expresó que, si bien el registro sanitario es un trámite burocrático bastante complicado, debido a que se busca salvaguardar la salud pública, hay documentos que presentar y procesar ante las autoridades sanitarias, exigidos a todos los importadores. Agregó que la mayoría estos tienen su origen en los propios fabricantes proveedores.
Añadió que entre esos requisitos, por ejemplo, está la “carta poder”, por la que el fabricante autoriza al importador a realizar los trámites del registro; y la autorización oficial, a su vez, representa para el importador la responsabilidad de asegurar la inocuidad del producto, que es muy importante.
Dijo que este tipo de medidas, que últimamente también se está intentando para otro delicado el rubro como los alimentos, representan en primer lugar una grave falta de certeza jurídica y, en segundo lugar, incalculables perjuicios para las firmas que sí cumplen.