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Tras la publicación de nuestro diario de la escandalosa regulación de honorarios de US$ 5 millones a favor del abogado Hugo César Figari Penayo, representante legal de la Azucarera Iturbe, la Corte tomó la determinación de investigar la actuación del juez de Villarrica, Garcete Argüello.
La exorbitante regulación fue denunciada por el abogado de Banco Familiar, Juan Bautista Fiorio, quien argumenta que los juicios de amparo no tienen contenido económico como lo sostuvo el magistrado.
El amparo fue planteado por el Banco Familiar en su calidad de entidad fiduciaria sobre los bienes de la Azucarera Iturbe, cuando a los funcionarios de la entidad bancaria no les permitieron ingresar a la planta industrial para verificar el estado de los bienes, a raíz de la falta de pago a los proveedores del ingenio azucarero.
Insólitamente, el juez Garcete Argüello argumentó que en el amparo, en que la cámara de apelaciones favoreció a la azucarera, había “provecho económico”, cuando que la acción de amparo es una garantía constitucional que tutela los derechos a través de una medida de urgencia.
Para fijar a favor del abogado Figari los US$ 5 millones, Garcete Argüello usó como parámetro el valor patrimonial de la azucarera, tasada en unos G. 259.393 millones, monto del cual dispuso el 10% para realizar la regulación de honorarios por G. 25.939 millones (que al cambio representan los 5 millones de dólares).
Fiorio refiere que si el juez Garcete Argüello pretendió fijar la regulación de honorarios con base en el “provecho económico”, debió hacerlo según la cláusula sétima fiduciaria, en la que se fija que “la fiduciaria percibirá en concepto de honorarios la suma anual de G. 60.000.000”, y sobre esta base disponer el 10%, es decir, G. 6 millones como regulación.
Como parámetro se puede mencionar que el “salvataje” económico a la planta que dispuso el gobierno de Horacio Cartes fue de US$ 3 millones, pero la regulación de honorarios casi dobla este subsidio.
Los perjudicados de esta irregular regulación de honorarios son los acreedores, así como los trabajadores de la azucarera, los proveedores y transportistas, indicaron.