Cargando...
Los ministros de la Sala Civil de la Corte, Raúl Torres Kirmser (preopinante), César Garay y Oscar Bajac por Acuerdo y Sentencia del 16 de mayo pasado, hicieron lugar a la demanda del BCP por indemnización de daños y perjuicios. Dijeron que el Banco de la Nación Argentina deberá pagar al Banco Central la suma de US$ 1.463.476, más los intereses, con lo cual el monto treparía a más de 7 millones de dólares, según fuentes.
El ministro preopinante señaló que el Banco de la Nación Argentina reconoció la responsabilidad que le fue atribuida y pidió que se establezca que la participación de su exempleado, Gabriel Ayala Ávalos, es menor a la que le atribuyó el juez de primera instancia, que también condenó.
Torres Kirmser apuntó que la única discusión llevada hasta la Corte es el quantum. Enfatizó que el Banco de la Nación Argentina no negó que por su intermedio se negociaron US$ 7.317.384, ni que el perjuicio al Banco Central del Paraguay derivado de dichas operaciones haya sido de US$ 2.926.953
El BCP, en la demanda también admitió que el 50% del perjuicio referido más arriba se debe a sus funcionarios involucrados en el esquema y que por ello reclama a la entidad demanda solo el 50%, es decir la suma de US$ 1.463.476
En primera instancia, el entonces juez Nery Joel Kunzle, en noviembre de 2012, había condenado al Banco de la Nación Argentina y a varios otros involucrados en el caso de la evasión de divisas, a pagar una indemnización de US$ 233 millones al BCP. Sin embargo, el fallo era de imposible cumplimiento con relación a los exfuncionarios bancarios condenados, son respecto al Banco de la Nación Argentina, que en segunda instancia, en agosto de 2015, fue beneficiado por una resolución de la Cámara de Apelación, que rechazó la demanda en su contra.
Sin embargo, ahora la Sala Civil de la Corte revocó el fallo del Tribunal de Alzada y condenó al Banco de la Nación Argentina a indemnizar al BCP.
Según fuentes judiciales, luego de 26 años de haberse promovida la demanda de indemnización se tiene el fallo de la máxima instancia judicial, contra el cual solo queda un pedido de aclaratoria, que ya no modificará el fondo de la cuestión.