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En algún momento iban a afectar a las finanzas de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) los años de sangría económica a causa de los grandes negociados en compras de bienes y servicios.
Los casos están bien documentados en decenas de informes de la Contraloría, pero la justicia nunca los investigó. La mayoría de las denuncias las hizo la prensa.
De todas ellas, solo un expresidente fue procesado. Se trata de Jorge Magno Candia, titular de la compañía en 2007, que hasta ahora con chicanas evita llegar a juicio oral. El caso guarda relación con el incumplimiento de un contrato de 1.700.000 euros con T-Systems, representado por Ricardo Bensignor.
Otros sucesos se relacionan con pagos millonarios por contratos de prestación de telefonía prepaga y audiotexto que solo beneficiaron a la empresa privada. La involucrada en este caso es una firma de maletín que cambió de denominación varias veces: Gateway SA, W-Telecom SA, GAV Comunications SA, vinculada a la exmodelo Zuni Castiñeira. El negocio iniciado en 1999 se cortó en 2012, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) expiró la licencia de la firma. Los últimos pagos a GAV Comunications SA fueron en 2007, bajo la presidencia de Juan Ibarra del Prado.
Los contratos adjudicados para instalación de antenas de la red inalámbrica y modernización de centrales también perjudicaron a la estatal. Las beneficiadas fueron Rieder, Siemens y Ericsson, que se embolsaron US$ 43 millones (ver infografía), bajo la presidencia de Juan Francisco Godoy en 2003 y Candia en 2007. Las obras se ejecutaron a medias y encima se instalaron equipos viejos.
Empeoraron la situación financiera las últimas inversiones en compra de Vox por US$ 3 millones y de nuevas tecnologías para modernizarla (ver infografía). Fue bajo la presidencia de Mario Esquivel entre 2009 y 2011. Justamente para cubrir las cuentas con las proveedoras, a fines de 2012, el entonces titular de la estatal, Francisco Galiano, recurrió a un préstamo de US$ 12 millones del banco Itaú dejando cautivos G. 35.000 millones hasta el año 2015.
La cuota de responsabilidad en la crisis también tienen los funcionarios de menor cuantía porque apañaron los casos de corrupción. Algunos inclusive fueron pillados utilizando para fines particulares bienes de la compañía, robando materiales y dinero de las recaudaciones. Varios fueron investigados, pero no se sabe nada de los resultados.