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Esos análisis advierten al mismo tiempo de los riesgos que puede representar esa situación en tiempos de crisis, debido a que impide una cobertura de riesgo.
La alta autonomía alcanzada por el sistema cooperativo nacional es una bandera de orgullo para los dirigentes del sector, pero para algunos especialistas internacionales es motivo de preocupación, debido a que tanto los ahorristas del sector bancario como el de las cooperativas deberían tener las mismas garantías para sus depósitos.
Entre los estudios sobre el tema se destaca uno preparado por expertos de la DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas), que tiene varias oficinas de cooperación en la región, una de ellas en Asunción, desde donde colabora con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Analizando los datos recogidos por la DGRV se puede deducir que nuestro cooperativismo es el único que cuenta con una autonomía absoluta, pues depende de un órgano autónomo, el Incoop, y como si eso fuera poco, el sector cooperativo tiene otra vez una directa injerencia en la conformación de dicho Instituto.
El Incoop tiene cinco miembros que son elegidos por las cooperativas. Actualmente por lo menos dos son a la vez presidentes de sus respectivas entidades (Valentín Galeano, de Medalla Milagrosa, y Pedro Loblein, de Mercado 4) y otros dos son importantes dirigentes del sector (Andrés Ramos, de Conpacoop, y Andreas Ens, de la cooperativa Neuland).
Otro país sudamericano en el que el cooperativismo tiene cierta autonomía es Colombia, pero es parcial y no hay injerencia de las cooperativas en el instituto encargado de vigilar el sector. A nivel latinoamericano, el caso paraguayo es casi una copia del sistema costarricense.
En Argentina, las cooperativas están bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente; en Bolivia, del Ministerio del Trabajo; en Chile, del Ministerio de Economía; en Ecuador, del Ministerio de Bienestar Social; en Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas; y en Venezuela, del Ministerio de la Economía Popular, según los datos que aparecen en el estudio.
En la mayoría de esos países, las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por órganos especializados del Estado. En Paraguay existe la intención de fiscalizar a través de la Superintendencia de Bancos, pero la oposición es muy fuerte.
La ley no permite una posibilidad como esa, alegan los líderes cooperativistas, mientras que otros sectores creen que entonces hay que cambiar la ley para dar más garantías.
Las objeciones
La primera objeción es que "no se puede ser juez y parte a la vez", había dicho al respecto el economista Luis Campos, miembro del Directorio del Banco Central, un argumento con el que coinciden en gran parte los especialistas de la DGRV.
La situación puede ser aún más grave si se tiene en cuenta que la incidencia de las actividades financieras del ámbito cooperativo en la economía del país es muy alta (ver infografía), tanto que supera al porcentaje de participación de las cooperativas en todos los otros países sudamericanos.
En Paraguay, las cooperativas tienen el 22,9% de participación en el mercado financiero y sus asociados representaban en 2007 el 26,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje que hoy ya aumentó, pues estas entidades ya reúnen a casi un millón de personas.
Según el estudio de la DGRV, una fiscalización de una Superintendencia de Bancos les puede otorgar un sello de confianza a las cooperativas y resolver conflictos internos con más facilidad, pues los problemas de gobernabilidad pueden afectar en algún momento a las entidades, que necesitarían en ese caso "una solución fuerte desde afuera".
Sobre el autocontrol de los asociados, advierte que cuando una entidad crece demasiado, surge un desinterés del asociado, que pasa a ser solo un cliente, lo que se documenta por ejemplo en las bajas tasas de participación en las asambleas. Además, los consejos de administración y juntas de vigilancia generalmente son inexpertos en los temas financieros complejos.
En el caso de Paraguay, hay que decir también que algunas cooperativas son tan grandes Universitaria, Medalla Milagrosa y Coomecipar que superan la capacidad de control que pueda tener el Incoop.
Entre los estudios sobre el tema se destaca uno preparado por expertos de la DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas), que tiene varias oficinas de cooperación en la región, una de ellas en Asunción, desde donde colabora con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Analizando los datos recogidos por la DGRV se puede deducir que nuestro cooperativismo es el único que cuenta con una autonomía absoluta, pues depende de un órgano autónomo, el Incoop, y como si eso fuera poco, el sector cooperativo tiene otra vez una directa injerencia en la conformación de dicho Instituto.
El Incoop tiene cinco miembros que son elegidos por las cooperativas. Actualmente por lo menos dos son a la vez presidentes de sus respectivas entidades (Valentín Galeano, de Medalla Milagrosa, y Pedro Loblein, de Mercado 4) y otros dos son importantes dirigentes del sector (Andrés Ramos, de Conpacoop, y Andreas Ens, de la cooperativa Neuland).
Otro país sudamericano en el que el cooperativismo tiene cierta autonomía es Colombia, pero es parcial y no hay injerencia de las cooperativas en el instituto encargado de vigilar el sector. A nivel latinoamericano, el caso paraguayo es casi una copia del sistema costarricense.
En Argentina, las cooperativas están bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente; en Bolivia, del Ministerio del Trabajo; en Chile, del Ministerio de Economía; en Ecuador, del Ministerio de Bienestar Social; en Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas; y en Venezuela, del Ministerio de la Economía Popular, según los datos que aparecen en el estudio.
En la mayoría de esos países, las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por órganos especializados del Estado. En Paraguay existe la intención de fiscalizar a través de la Superintendencia de Bancos, pero la oposición es muy fuerte.
La ley no permite una posibilidad como esa, alegan los líderes cooperativistas, mientras que otros sectores creen que entonces hay que cambiar la ley para dar más garantías.
Las objeciones
La primera objeción es que "no se puede ser juez y parte a la vez", había dicho al respecto el economista Luis Campos, miembro del Directorio del Banco Central, un argumento con el que coinciden en gran parte los especialistas de la DGRV.
La situación puede ser aún más grave si se tiene en cuenta que la incidencia de las actividades financieras del ámbito cooperativo en la economía del país es muy alta (ver infografía), tanto que supera al porcentaje de participación de las cooperativas en todos los otros países sudamericanos.
En Paraguay, las cooperativas tienen el 22,9% de participación en el mercado financiero y sus asociados representaban en 2007 el 26,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje que hoy ya aumentó, pues estas entidades ya reúnen a casi un millón de personas.
Según el estudio de la DGRV, una fiscalización de una Superintendencia de Bancos les puede otorgar un sello de confianza a las cooperativas y resolver conflictos internos con más facilidad, pues los problemas de gobernabilidad pueden afectar en algún momento a las entidades, que necesitarían en ese caso "una solución fuerte desde afuera".
Sobre el autocontrol de los asociados, advierte que cuando una entidad crece demasiado, surge un desinterés del asociado, que pasa a ser solo un cliente, lo que se documenta por ejemplo en las bajas tasas de participación en las asambleas. Además, los consejos de administración y juntas de vigilancia generalmente son inexpertos en los temas financieros complejos.
En el caso de Paraguay, hay que decir también que algunas cooperativas son tan grandes Universitaria, Medalla Milagrosa y Coomecipar que superan la capacidad de control que pueda tener el Incoop.