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El ente de control asegura que no se recuperó aún gran parte de los fondos, mientras otros fueron condonados.
El documento de la Contraloría General de la República señala que el consejo directivo del CAH, el 6 de junio de 1997, aprobó una línea de crédito de G. 5.400 millones para el fomento de reforestación y sistemas agroforestales de hasta 4.500 hectáreas.
El consejo estaba integrado por el Ing. Cayo Franco, Domingo Caballero, Lic. Bernarda Rivas de Ott, Dr. Ramón Pappalardo y Lisandro Rotela, según el ente de control.
Luego de la aprobación de esta línea de crédito, el Ing. Franco, el 26 de junio de 1997, firmó un contrato de intermediación con Emprendimientos Ambientales SA, cuyo representante fue el Ing. Elvio Enciso, para prestación de asistencia técnica y provisión de mudas forestales para el proyecto piloto de reforestación.
La aprobación de la línea de crédito y la firma del contrato se realizaron en forma ilegal, ya que se violó el artículo 27 de la Ley 551/75, que crea el CAH, y el reglamento y manual de administración de crédito del CAH, de acuerdo a auditores.
En la ley no se contempló el financiamiento de programas forestales del CAH y el manual de crédito de esta entidad estatal no permite otorgar fondos públicos a los productores, empresas o consultoras por montos superiores a G. 240 millones, de acuerdo a la Contraloría.
Además, la contratación de la empresa fue sin licitación o concurso de precios, según auditores, quienes aseguran que el convenio firmado por el CAH y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante la gestión del Ing. Juan Borgognón, para implementar el programa de reforestación, no tiene validez porque violaron la Ley 551/75.
DESLINDO RESPONSABILIDAD
El 13 de noviembre de 2003, la Contraloría remitió el resultado del examen especial al directorio del CAH, encabezado por el Ing. Carlos Abel Santacruz, para que realice su descargo, pero no lo hizo, de acuerdo a auditores.
El Dr. Pappalardo reconoció que aprobó la línea de crédito de G. 5.400 millones, pero deslindó responsabilidad sobre el destino de los fondos, ya que el Ing. Franco manejaba el Crédito Agrícola en forma excluyente. Ello, porque no permitía a los demás directivos intervenir en la administración de la entidad, precisó.
El documento de la Contraloría General de la República señala que el consejo directivo del CAH, el 6 de junio de 1997, aprobó una línea de crédito de G. 5.400 millones para el fomento de reforestación y sistemas agroforestales de hasta 4.500 hectáreas.
El consejo estaba integrado por el Ing. Cayo Franco, Domingo Caballero, Lic. Bernarda Rivas de Ott, Dr. Ramón Pappalardo y Lisandro Rotela, según el ente de control.
Luego de la aprobación de esta línea de crédito, el Ing. Franco, el 26 de junio de 1997, firmó un contrato de intermediación con Emprendimientos Ambientales SA, cuyo representante fue el Ing. Elvio Enciso, para prestación de asistencia técnica y provisión de mudas forestales para el proyecto piloto de reforestación.
La aprobación de la línea de crédito y la firma del contrato se realizaron en forma ilegal, ya que se violó el artículo 27 de la Ley 551/75, que crea el CAH, y el reglamento y manual de administración de crédito del CAH, de acuerdo a auditores.
En la ley no se contempló el financiamiento de programas forestales del CAH y el manual de crédito de esta entidad estatal no permite otorgar fondos públicos a los productores, empresas o consultoras por montos superiores a G. 240 millones, de acuerdo a la Contraloría.
Además, la contratación de la empresa fue sin licitación o concurso de precios, según auditores, quienes aseguran que el convenio firmado por el CAH y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante la gestión del Ing. Juan Borgognón, para implementar el programa de reforestación, no tiene validez porque violaron la Ley 551/75.
DESLINDO RESPONSABILIDAD
El 13 de noviembre de 2003, la Contraloría remitió el resultado del examen especial al directorio del CAH, encabezado por el Ing. Carlos Abel Santacruz, para que realice su descargo, pero no lo hizo, de acuerdo a auditores.
El Dr. Pappalardo reconoció que aprobó la línea de crédito de G. 5.400 millones, pero deslindó responsabilidad sobre el destino de los fondos, ya que el Ing. Franco manejaba el Crédito Agrícola en forma excluyente. Ello, porque no permitía a los demás directivos intervenir en la administración de la entidad, precisó.