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Los auditores del ente realizaron una serie de acotaciones en torno al tema en cuestión, recordando que el artículo 105 de la Constitución Nacional prohíbe la doble remuneración a los funcionarios del Estado, salvo el caso de la docencia.
También señala que la Ley 700/96, en su artículo primero, reitera lo que establece la Constitución y en el segundo recuerda que es funcionario o empleado público toda persona remunerada por alguna institución estatal. Otra norma mencionada es la Ley 2796/05 que reglamenta el pago de honorarios a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos y otras entidades.
“Debe tenerse en cuenta además que la ejecución del A.I. del juicio de regulación de honorarios es el cobro de la remuneración por los trabajos para los cuales el abogado ha sido contratado, y que estos fueron realizados en horario laboral, en juicios de la institución en los que tomó intervención en su calidad de funcionario y apoderado legal en representación de la institución.
Como puede verse, el BCP asignó al abogado una tarea bien específica para la realización de la cual pactó con él también una remuneración bien específica, por lo que cualquier reclamación posterior del profesional, además de no estar contemplada en las leyes, resulta indebida.
Asimismo, la Ley 700/96 “Que reglamenta el artículo 105 de la Constitución Nacional, que dispone la prohibición de doble remuneración”, artículo 3°, dispone: “Se entenderá que existe sueldo o remuneración simultánea, el que se perciba por servicios prestados en un mismo horario laboral”, señala enfáticamente parte del informe de auditoría.
Vieja pelea
El BCP viene teniendo una larga puja con la Justicia a raíz de los casos de abogados, funcionarios o exfuncionarios, que le regularon honorarios.
Este es, por ejemplo, el que tiene actualmente con el abogado Francisco González, quien actuó representando al BCP en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
El 1 de febrero pasado, un juez ordenó al Banco Central al pago de G. 3.138 millones al abogado González.
Todas las instancias en el Poder Judicial rechazaron el criterio del ente monetario, sostenido también por Contraloría General de la República, pese a la claridad de las disposiciones legales.
No se descarta ahora que la Procuraduría tome intervención para tratar de frenar algunos pagos.