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Recalde, cuyo salario actual ronda los G. 80 millones, reclama el pago de G. 1.074 millones como valor estimativo por el supuesto daño moral sufrido como consecuencia de la denuncia penal.
Según Cardozo, la demanda promovida por Recalde carece de la más elemental relevancia jurídica y más bien es una actitud temeraria y de total desprecio del derecho. “Qué dolor espiritual, zozobra o daño moral puede sufrir este funcionario después de percibir sus haberes millonarios por no cumplir el Anexo C del Tratado” , señala. Agrega que el director de la EBY pretende utilizar su cargo, su influencia y su poder adquisitivo para perseguir y tratar de amedrentar a humildes ciudadanos que en ejercicio de sus derechos constitucionales, plantearon una denuncia penal para precautelar los intereses de Yacyretá. Agregó que no puede desconocer su responsabilidad en el hecho ya que su deber es cumplir y hacer cumplir el tratado.