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La profesional asegura que existe un conflicto de intereses en este cobro de las multas impositivas y da pie a pensar en la posibilidad de que se puedan implantar pruebas para aumentar las multas, que en la mayoría de las veces se aplican a los contribuyentes en un 300%.
En declaraciones efectuadas ayer al programa “Economía y Más” de radio ABC Cardinal, Talavera señaló que la nota remitida por la viceministra González Ayala a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, es un “balde de agua fría”, porque si el Poder Legislativo tomó la decisión, es poco ético que la funcionaria vuelva a insistir al perder los referidos beneficios.
En el Memorándum de la SET N° 41, que la viceministra González Ayala dirigió el 23 último a la ministra de Hacienda, expresa su “preocupación e incertidumbre” respecto al tratamiento que se está dando en la Cámara de Senadores a la participación de las multas que cobra esta institución, que benefician a la titular de la administración fiscal y los diferentes rangos de funcionarios.
La preocupación de González Ayala obedece a que la Cámara Alta decidió recortar a la mitad, de G. 40.000 millones a G. 20.000 millones, los beneficios extras provenientes de multas a contribuyentes que pueden repartirse funcionarios de Tributación.
Además, existe una intención de parte de los legisladores de excluirle completamente a la viceministra de la repartija mencionada, que gracias a una resolución que ella misma firmó en 2015 pasó de cobrar un sueldo global de G. 20 millones a G. 40 millones mensuales.
Talavera sostiene que el artículo 239 de la ley tributaria habla de que los funcionarios denunciantes son los que deben cobrar el 50% de las multas, no así otros que se encuentran sentados en un escritorio cumpliendo otras funciones. En ese contexto, adelantó que con un grupo de contadores irán al Congreso para solicitar que los parlamentarios se mantengan firmes en la decisión tomada por el Senado y para que se modifique la ley tributaria en lo que respecta a este tema.