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Si como denuncian los oferentes que participaron en la licitación se adjudica el proyecto de fiscalización de la Ruta IX Transchaco al consorcio NKLAC Co-NK Co, ligado al viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, siendo este parte del comité de evaluación, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) permitió que uno de sus funcionarios sea “juez y parte”, en una licitación en que está en juego un contrato por más de G. 30.000 millones.
Resulta que en abril de este año se procedió a la apertura de sobres de las propuestas técnicas y se labró acta confirmando la participación de 13 empresas, la mayoría consorciadas con compañías extranjeras, debido a la alta exigencia técnica solicitada en los pliegos.
Luego de que transcurrieran más de 90 días para la evaluación técnica, el MOPC notificó a las empresas participantes de los puntajes obtenidos en dicha propuesta técnica, quedando eliminadas cinco firmas y ocho siguen en carrera.
Lo notable del caso es que la empresa con mayor puntaje resultó ser el consorcio NKLC Co NK Co. (Nipon KOEI Co Ltd/Nipon Koei LAC Co. LTD). Este consorcio lleva tres puntos de ventaja sobre los demás oferentes.
El viceministro de Obras Públicas, Juan Manuel Cano, quien según la denuncia forma parte del comité de evaluación fue representante de este consorcio por mucho tiempo, incluso lo continuó siendo durante el presente gobierno, antes de ser nombrado subsecretario de Estado.
Las evidencias indican que el funcionario en cuestión actuó “como juez y parte” en la licitación, y los oferentes descalificados se quejan de que en el proceso se dejaron de lado los principios de igualdad y transparencia, que exige la ley, generando un ambiente de sospecha y favoritismo abierto hacia uno de los competidores.
Para conocer la versión del viceministro le llamamos a su celular este fin de semana, pero no contestó.