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El ingeniero Juan José Encina, secretario de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico (Aisep), opinó que como prioridad Paraguay debería ceñirse a lo que establece el Anexo C y plantear su cumplimiento, teniendo en cuenta que en la actualidad Argentina es la que se lleva la mayor parte de la energía y ni siquiera paga por ella.
“En primer lugar deberían cumplir los términos del Tratado, tal como está previsto, y no incluir futuras obras en las negociaciones. Si bien Corpus es una obra necesaria para el futuro, lo más conveniente es separarla de lo que es Yacyretá. Sería un despropósito y una incoherencia para el Paraguay agregar nuevas obras sin que antes solucionemos el problema económico administrativo de la binacional”, dijo el profesional.
Agregó que no se puede comprometer el futuro del país y advirtió que la manera en la cual se planteó el tema forma parte de una estrategia de los negociadores argentinos. “Lo que yo veo es que nuestros negociadores no tienen una estrategia definida. Al parecer no tienen un objetivo claro, por eso primero acuerdan la cogestión, que podrían haberla planteado en otro momento y no antes de tener resuelto el Anexo C”, insistió Encina. “Eso sería cartón lleno a la gestión inadecuada de los negociadores”, agregó.
Por su parte, el Ing. Germán Escauriza, técnico del sector, manifestó que para poder concretar nuevos emprendimientos la Argentina tendrá que pagar lo que debe y ofrecer garantías de pago por la energía paraguaya. Recordó que Bolivia exige garantías de pago por el gas que le vende a Argentina, con cartas de crédito trimestrales. “Paraguay no debe aceptar poner ni un ladrillo más con el Tratado de Yacyretá sin antes arreglar las cuentas”, señaló Escauriza. El especialista calificó de negligente la gestión del canciller Eladio Loizaga, quien “no se anima a pedir la documentación respaldatoria de los asientos contables”. Se preguntó qué habría detrás de la desidia de la Cancillería para no reclamar los documentos.
Las negociaciones
El Anexo C del Tratado de Yacyretá involucra las Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de la Entidad. Esas normas deben ser analizadas conjuntamente con los términos del Tratado en sí y demás instrumentos diplomáticos que fueron suscriptos por los dos países. El 27 de marzo de 2014 se cumplieron los 40 años que establece el mismo documento para su revisión, por lo que el Gobierno paraguayo planteó al de la Argentina la instalación de una mesa de negociaciones en la que uno de los puntos más relevantes tienen que ver con la definición del monto real de la deuda de la binacional, teniendo en cuenta que nuestro país anunció que no reconocerá ninguna cuenta que no esté debidamente documentada.
En ese sentido, en el último balance de la EBY, correspondiente al 2012, se indica un monto de US$ 16.908 millones, de los cuales US$ 11.362 son ajustes e intereses, lo cual lleva a deducir que el saldo actual correspondiente a los aportes realizados por el Tesoro argentino para el emprendimiento ronda los US$ 5.545 millones. El balance en cuestión fue examinado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN). Sin embargo, en opinión de la Contraloría del Paraguay dicha verificación es superficial, puesto que se desconoce la autenticidad de los documentos analizados para llegar a esa conclusión.