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El Poder Ejecutivo tiene que dejar de poner palos a la rueda y facilitar a la Contraloría todos los requerimientos necesarios para auditar toda la gestión de la administración de Itaipú Binacional, sostuvo el Ing. Germán Escauriza, exintegrante de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH) que asesoró a la Cancillería en las negociaciones con el Brasil entre 2008 y 2009.
“Es inaceptable que funcionarios cuyas disposiciones serán auditadas integren una Comisión no contemplada en nuestra Constitución ni en el Tratado de Itaipú”, explicó el especialista en referencia a la intención de conformar una comisión binacional integrada por representantes de la Itaipú, la ANDE y Eletrobrás, además de los organismos naturales, que son el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y la CGR de nuestro país.
“Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo, encargado de cumplir y hacer cumplir el Tratado de Itaipú, sea el mismo que designe la Comisión que auditará los registros de la binacional”, insistió Escauriza.
Agregó que la verificación de las cuentas en Itaipú, así como el control de toda la gestión en ambas márgenes, debe tomarse como una cuestión de Estado, por tanto, la integración de esta Comisión no puede entrar en funciones sin el conocimiento del Poder Legislativo de nuestro país, dijo.
Cabe indicar que el pasado 7 de diciembre se llevó a cabo una reunión en la sede de la central hidroeléctrica en la que se determinó, entre otros puntos, conformar un grupo de trabajo que establezca las pautas y el mecanismo para posteriormente elaborar una nota reversal que daría ropaje legal a la iniciativa de crear una comisión de control integrada por el TCU y la CGR, con el acompañamiento de ambas cancillerías.
En marzo de 2015, en medio del escándalo que sacudió a la estatal brasileña Petrobras, por primera vez desde que la usina hidroeléctrica de Itaipú fue inaugurada en 1982, el TCU decidió iniciar una fiscalización “efectiva y directa” de las cuentas de la binacional.
En enero de ese año, los ministros del TCU aprobaron la realización de un revisión “in situ” en Foz de Yguazú, indicaba la crónica del diario Folha de São Paulo de entonces. Sin embargo, aclaraba que esa decisión estaba supeditada a una autorización de Itamaraty, que es el enlace natural de la entidad por tratarse de una binacional regida por tratado. Cuando asumió Michel Temer, esa autorización fue otorgada e incluso se elaboró una propuesta que consistía en la integración de la citada comisión.
Cancillería vacilante
Luego de la decisión de Itamaraty, la Cancillería paraguaya propuso conformar un grupo de trabajo que establezca las pautas y las condiciones para la referida comisión. Este hecho es interpretado como un simple recurso dilatorio para evitar el control, puesto que ambos organismos de control, por su propia naturaleza, tienen potestad para auditar a Itaipú.