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“Nadie sabe el monto ni de dónde saldrán los recursos, y tampoco se establecen límites de cortes para las deudas vencidas. Es una enorme irresponsabilidad”, lamentó la ministra Lea Giménez en reacción a la cuestionada Ley de Rehabilitación Financiera, que fue aprobada por el Congreso el miércoles último.
En cuanto a la posición de su ministerio, Giménez dijo ayer a ABC Cardinal que ellos siguen teniendo “la misma postura de rechazo al plan” que subsidia las deudas de los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial.
No obstante, añadió que desde Hacienda estarán atentos a la decisión que tomará el Ejecutivo y que acompañarán la misma. “Lo primero que pedimos es que nos faciliten la lista de posibles beneficiarios y monto de las deudas con base en unos datos formales y no simples estimaciones”, acotó.
La titular de Hacienda añadió que hasta ahora no tienen de dónde agarrarse y que no pueden saber aún el impacto que tendrá la misma. Aseguró que los únicos datos que recibieron por parte de los afectados son preliminares y totalmente informales, en un pedacito de papel, que consta que habría unos 17.000 afectados y el monto llegaría a los US$ 34 millones, pero también hay otras fuentes que dicen que la ayuda representaría unos US$ 2.400 millones.
Según explicó, hay varios problemas con la ley y que incluso con una buena reglamentación ya no sería posible solucionar. “En realidad es una solución falsa al problema, ya que no plantea una solución desde el fondo de la cuestión”, advirtió.
Mencionó además que desde la cartera estatal ya están analizando algunas medidas en caso de que el presidente Cartes decida dar vía libre al plan de subsidio.
Entre las opciones están la reprogramación del presupuesto general y el recorte a varias instituciones, a programas sociales, e incluso de la dieta de los senadores y diputados, o combustibles.
Aunque en principio se descarta una emisión de deuda para cubrir este subsidio, se debe mencionar que esta ley aprobada por el Congreso habilita “excepcionalmente” al fisco a pasar por alto disposiciones de la Ley de Administración Financiera. La alusión a que esta ley es un “cheque en blanco” sin fecha de vencimiento la hizo la ministra en redes sociales.
La condonación aprobada
El Parlamento aprobó el último miércoles el cuestionado proyecto de ley que concede un subsidio al sector campesino, que en la práctica significará una condonación de sus deudas con los bancos privados o estatales.
Los legisladores dieron vía libre al proyecto sin siquiera tener una base sólida de los posibles beneficiarios ni de cuánto representará en términos monetarios esta erogación adicional para el Estado.
El proyecto de ley en cuestión establece el subsidio de las deudas vencidas de los campesinos cuyas tierras no excedan las 30 hectáreas y hasta un monto de 25 salarios mínimos mensuales, que equivale a unos G. 51.028.075.