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A finales del año pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Mirian Teresita Palacios, emitió la resolución del directorio N° 2178, por la que impone nuevas reglas a las operadoras telefónicas que deben renovar licencia del espectro 800 megahertz (MHz).
Una de las exigencias guarda relación con el otorgamiento gratuito de servicios de voz y mensajería a instituciones y entidades públicas. Para ello, se establece “la obligación regulatoria de compromisos sociales (...) para cumplimiento de los licenciatarios del servicio de telefonía móvil celular cuyas licencias sean renovadas, (que) deberán proveer a título gratuito paquetes corporativos a grupos cerrados consistentes en servicios de voz y mensajería limitados dentro de su red, a las instituciones y entidades públicas que Conatel indique”.
Esto figura en el Art. 2° de la disposición, que añade que “la cantidad máxima de usuarios será hasta el 0,3% del número de abonados propios del licenciatario al 31 de diciembre, (en este caso) del año anterior a la renovación de la licencia”. Se establece asimismo en otra parte que las empresas deben “cumplir con las cargas del reordenamiento del espectro”.
De acuerdo a datos de la página web de Conatel, Tigo y Personal son las poseedoras de las licencias de la banda 800 MHz.
La entidad reguladora comenzó a imponer a las telefónicas las cargas sociales el año pasado con la adjudicación del espectro 1700-2100 MHz, para la prestación del servicio de internet banda ancha de cuarta generación, 4G o LTE (Long Term Evolution). Estableció, por ejemplo, la prestación gratuita de internet a varias instituciones educativas del Estado.
Fuentes cercanas a Conatel creen que en el caso 4G es admisible, porque se trató de la primera adjudicación, pero respecto a esta medida para la renovación apuntan a que es para cubrir la inoperancia de la actual administración, que acumula unos G. 50.000 millones de los aportes en 2015 y 2016 de las telefónicas, que ceden el 1% de sus ingresos brutos al Fondo de Servicios Universales (FSU), para financiar planes de interés público.
En varias oportunidades intentamos hablar con la titular del ente, pero no logramos. O está de reunión o todavía no llegó a la oficina, según alegan sus asesores de prensa las veces que acudimos a la institución. Tampoco las telefónicas respondieron aún sobre esta nueva disposición que les afecta.