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Atendiendo a que por las vías legales se está definiendo a quién realmente pertenece la acería situada en Villa Hayes, el proyecto de ley citado sería una transgresión a la Constitución Nacional. Consultado al respecto el diputado Mineur, reconoció ayer a este diario que tal y como está redactada la tentativa de ley, “puede que contenga algunos flancos de inconstitucionalidad”.
Acepar era una empresa pública hasta 1993, cuando fue entregada al consorcio privado Cosipar, constituido principalmente por el cuestionado empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli (Cerro Lorito) y la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar). Ante los verificados incumplimientos de las condiciones acordadas con el Estado, en 2013 se frenó ese proceso de privatización y se ha intentado desde ese año que la empresa vuelva a ser del sector público. Este trámite se está efectuando a través de un arbitraje que, empero, no ha avanzado en gran medida.
Paralelamente a esa intervención, se determinó entregar la administración de Acepar a un interventor judicial y el designado es el Ing. José Luis Vinader.
Al mismo tiempo, en el 2014 se arrendó la planta de la acería a la empresa brasileña Vetorial, pero esta también incumplió los términos del contrato y el mismo fue rescindido en enero último.
En este contexto se plantea el proyecto del diputado Mineur. “Yo entiendo que la ley 1037/93 estableció las condiciones de la privatización y estableció que el arbitraje tiene que resolver cuando se produce incumplimiento de la ley o del contrato. Puede que contenga algunos flancos de inconstitucionalidad, pero someto a consideración de la comisión de legislación, someto a consideración legis- lativa y después podría salir un producto interesante”, dijo.
“Lo que sí estoy seguro es que si se vuelve a otorgar a un tercero (en arrendamiento), si no se establece la obligatoriedad de la inversión, la planta seguirá trabajando muy por debajo de sus niveles productivos óptimos, con niveles de deterioro y obsolescencia”, añadió el legislador.
Parte de los argumentos para plantear este proyecto de ley es que todas las intervenciones realizadas por las instituciones (Procuraduría, Contraloría, etc.), han resuelto hasta la fecha la complicada situación de Acepar, en donde trabajan 550 personas que hoy están en riesgo de no percibir sus salarios, pues la planta está paralizada desde enero último, tras la partida de Vetorial.
Hay dos empresas interesadas en arrendar la fábrica, aún en estas condiciones críticas. Una de ellas es la firma Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment Group Co Ltd (HCME), de capital chino, y Vemarcop, de capital indio, que tiene una industria en Paraguay.