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La idea de la ley de “Fomento de la vivienda y desarrollo urbano” es incrementar la demanda a través de un sistema de incentivos, que incluye, entre otros puntos, el acceso a un crédito, ahorro previo para los dos niveles más altos de precios de la casa a financiar, cuotas fijas en guaraníes, tasa preferencial, la inclusión de trabajadores independientes e informales y que no solo el ingreso sea tenido en cuenta como referencia de capacidad de pago, sino también el cumplimiento del pago del alquiler por parte del beneficiario.
Así lo explicó en conversación con nuestro diario el titular de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Víctor González Acosta, tras una audiencia pública en el Congreso sobre el tema.
La ministra de la Secretaría de la Vivienda, Soledad Núñez, también participó del encuentro y apuntó que si bien la cartera tiene como prioridad los sectores más vulnerables, reconoce que existe una carencia real de soluciones habitacionales en el nivel medio. Ahora, la realidad es que cientos de miles de paraguayos viven en periferias porque no hay ofertas accesibles y asequibles en Asunción. Por eso, urge la construcción de un nuevo modelo de ciudad, señaló Núñez, que apunte a la repoblación de la capital.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, explicó que la ley sancionada ayer, por sí sola no va a solucionar el problema del déficit habitacional, que según los datos oficiales supera las 1.200.000 viviendas (incluye nuevas construcciones y necesidad de ampliaciones y refacciones).
Por eso, abogó por la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BNF, que se trata hoy en Senadores. Esta herramienta, según dijo, va a ser una pieza fundamental para poder desarrollar créditos a largo plazo para el sector de la vivienda y también para otros sectores productivos.
Al mismo tiempo, mencionó que otro aspecto es el financiamiento a largo plazo, y en ese sentido, se deben tener en cuenta los fondos previsionales, considerando que los recursos del Tesoro son limitados.
Hay unos US$ 3.000 millones disponibles en dichos fondos previsionales que no es otra cosa que el ahorro interno a largo plazo. Estos recursos, según lo subrayado, se están usando en gastos de consumo en vez de inversiones. El ministro aclaró que la idea es crear un ente contralor que regule el uso de la caja previsional y blinde los fondos en cuestión.