Con el beneplácito de Cartes persiste la entrega de Villeta

Los pocos meses que fue presidente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) le bastaron al hoy diputado liberal Fernando Nicora López Moreira para negociar la entrega del puerto de Villeta (el segundo de mayor recaudación) a un consorcio formado por una empresa paraguaya fantasma –Gregser– y una argentina –PTP Warrant SA– que ahora aparece conectada al empresario argentino Lázaro Báez, que actualmente es el centro de un escándalo de corrupción por lavado de dinero en el país vecino.

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Gregser y PTP formaron el consorcio “PTP Group”, que firmó el contrato con la ANNP por el cual se le entregó el puerto por 20 años, abonando la irrisoria suma de US$ 5.000 en concepto de “canon anual”. Aunque la entrega del puerto en concesión, ilegal, pues no fue aprobada en el Congreso como dispone la Carta Magna, se negoció durante la presidencia de Nicora López Moreira en Puertos y de Federico Franco como presidente de la República, el contrato se firmó ya en la era Cartes, siendo presidente el actual titular del directorio de la ANNP, Héctor Duarte.

El socio es un peluquero y su domicilio una mercería

Gregser, el nombre de la socia paraguaya del consorcio PTP Group, es la abreviación de “Gregorio Servín”, un peluquero que aparece como socio de la compañía, este a su vez es hermano de un funcionario de la Cancillería cuyo nombre es Santiago Servín, ambos supuestos testaferros de Nicora López Moreira, según algunas fuentes.

En el domicilio que aparece en el contrato que suscribió PTP Group con la ANNP funciona una humilde mercería en Mariano Roque Alonso, como publicó este diario en su momento.

No obstante, la investigación fue reflotada y con nuevos elementos por Canal 9 días atrás, sin que hasta el momento ningún fiscal haya iniciado una investigación.

Tampoco en las cámaras del Congreso ha habido un pronunciamiento.

El diputado Fernando Nicora López Moreira está siendo investigado por el Ministerio Público, pero en otro caso, por la incorporación de 242 funcionarios durante su gestión, y que resultaron ser operadores políticos. Nunca se presentaron a trabajar a la ANNP. En lugar de ellos trabajaban en la campaña de Nicora, según comprobó la Fiscalía.

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