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La propiedad en cuestión es la finca Nº 5400, ubicada entre Alto Paraná y Canindeyú, que pertenece a la empresa Agropeco SA.
De acuerdo con los datos, tanto Bogado como Andrade intermediaron ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en favor de quienes hoy están a punto de soportar un proceso legal, ya que Agropeco anunció acciones para el desalojo. La respuesta del ente agrario fue que la propiedad pertenece a la empresa de referencia y que el conflicto, por tanto, está en el ámbito privado.
Nuestro diario llamó ayer a Andrade para consultarle su versión, pero este se negó a dar explicaciones al respecto.
Con tono enojado y un marcado acento del idioma portugués, indicó a ABC que él no está obligado a dar una respuesta.
Cuando se le insistió en que es compromiso de la prensa buscar la versión de toda persona denunciada, señaló que para tener su opinión el periodista debe ir hasta Tava’i. “Venga si quiere hablar”, señaló al presidente de la Junta.
Cuando se le planteó que este diario dejará constancia de que él no quiso dar explicación, respondió (siempre con tono molesto): “Haga lo que quiera”.