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A mediados de 2013 fue presentado al presidente y al Consejo de Administración del IPS el “Informe Final” sobre los inmuebles improductivos de la previsional, realizado por el prestigioso experto internacional en inversiones y desarrollo inmobiliario argentino, licenciado Miguel Pato, que fue mantenido en secreto hasta hace poco, como nos suelen tener acostumbrados los administradores de turno de este polémico ente.
En realidad, lo que fue levantado en la página web de Previsión es un informe muy esquemático, no detallado, y al que el público puede acceder vía internet.
Bajo el título de “Administración de la Cartera de Inmuebles del Fondo Jubilatorio”, el trabajo del experto argentino incluyó un curso teórico-práctico de capacitación en Estrategia y Gestión Inmobiliaria, durante varios meses, a funcionarios y una “Propuesta Estratégica”, la “Agenda Operativa” y un “Plan sobre los Inmuebles Específicos”.
En el “Informe Final” recomienda un nuevo diseño para las inversiones inmobiliarias y la adopción de medidas oportunas para potenciar la rentabilidad de los numerosos inmuebles del Instituto actualmente alquilados, vacíos y con intrusos u ocupantes precarios.
En cuanto al ruinoso complejo de Roque Alonso se concluyó que su tasación actual (de hace dos años) es de US$ 16 millones y que podría ser arrendado por US$ 160.000 al año. No obstante, Pato sostiene que su máximo valor estimado oscilaría entre US$ 18 millones y US$ 26 millones o una renta anual de US$ 600.000.
Añade que esta ganancia anual (vía alquiler del sitio) podría lograrse proponiendo al Ejército la integración vial con el predio del Comando Logístico (detectaron importantes movimientos de tierra, con apertura de tres calles hasta el límite, lo cual podría significar una oportunidad de gran valor).
Además, solicitando al Municipio la apertura de un tramo de 200 metros de la calle norte, para mejorar el acceso al complejo, se puede reducir la superficie perdida, así como molestias por circulación.
Asimismo, planteando la regularización de la deuda fiscal reclamada (por la Municipalidad y confirmada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia), proponiendo la construcción de un centro cívico dentro del predio, que además funcionaría como ancla para acelerar los tiempos de consolidación. Igualmente, dividiendo la tierra en sectores correspondientes a los usos de más alto potencial y plantear la rezonificación (solo el impacto de esta acción se considera en la generación de valor).
Cabe recordar que el IPS solicitó al Congreso nacional en 2012 autorización legal para disponer del abandonado complejo habitacional. La ley fue aprobada por los legisladores ese mismo año, y a partir de esa decisión se contrató a una empresa (Ing. Lilian Sanabria) para la tasación del inmueble, según la cual su valor era de US$ 16 millones. Sin embargo, la actual administración del IPS pidió una actualización del valor para llamar a una subasta pública.
Enorme y dolorosa estafa
El complejo habitacional de Roque Alonso forma parte de un grupo de “grandes obras” iniciadas durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy y que finalmente se convirtieron en colosales estafas. El cerebro del fraude que afectó a los fondos del IPS depositados en el quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT) fue el “empresario” correntino Roque José Carmona y su principal cómplice el titular del banco fallido, Édgar Cataldi, íntimo amigo y ahijado político de “Calé” Galaverna. El emprendimiento tuvo el decidido “impulso” de Alan Flores (CUT), Florencio Florentín (CPT) y Reinaldo Barreto Medina, de la Central Sindical de Trabajadores del Estado (Cesitep).