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En el anteproyecto de ley que crea la Comercializadora Nacional de Entidades Binacionales (Conebi) se observa que la misma funcionará como una entidad estatal descentralizada, encargada de la gestión de la comercialización de la producción energética de las centrales hidroeléctricas. La misma estará relacionada con el Ejecutivo a través del Viceministerio de Minas y Energía o en el futuro con el Ministerio de Energía.
Sin embargo, al ser un organismo público tendría las mismas deficiencias y limitaciones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ya que su presupuesto tendría que ser aprobado por el gobierno y sus adquisiciones deben pasar por licitaciones públicas, con lo cual se limita y se quita dinamismo para incursionar en los mercados regionales de electricidad, advierte el Ing. Ernesto Samaniego, técnico del sector eléctrico y exconsejero de Itaipú binacional.
Según su parecer, no sería conveniente incluir en una ley mecanismos operativos, ya que existen diferencias en cuanto a las definiciones de energías que son comercializadas en los distintos países. Así la “energía excedente” o secundaria es la que se produce por encima de “energía firme”, que en cada país tiene su forma particular de calcular. La energía adicional a la garantizada es una definición propia de Itaipú en el Brasil, señaló.
Acuerdo operativo
A propósito, recordó que esta división de la energía fue muy mal negociada por nuestros representantes nacionales en la binacional, algunos de los cuales son actualmente consejeros, y que está establecida en el acuerdo de 2002, además, no tiene forma explícita de contratación, queda a la buena voluntad de las partes, a pesar de que existe una sentencia judicial brasileña que establece que la energía adicional pertenece en partes iguales a Paraguay y Brasil, afirmó el Ing. Samaniego.
Indicó que la “energía garantizada” es muy similar o prácticamente igual a la “energía firme” de otros países. En cuanto a la “energía excedente” de Itaipú, apuntó que es la que se tiene cuando hay suficiente agua en el embalse y salto correspondiente, y la disponibilidad “extra” de máquinas –operación de más de 18 máquinas u operación por encima de especificaciones de los generadores– para ello es necesario, posiblemente, la autorización operativa correspondiente del Consejo de Administración o la Dirección Técnica, que como se sabe es manejada “a piaccere” de las autoridades brasileñas, resaltó.