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El acuerdo compromete a los directivos del CIVU a facilitar información y a cooperar con la Seprelad en la aplicación de medidas de prevención del lavado de dinero que puede darse a través de la importación y venta de automóviles usados.
El acto se realizó en la oficina de la Seprelad.
Los empresarios están de acuerdo en que sus agremiadas sean monitoreadas, ya que entienden que la medida les diferenciará de las concesionarias que se manejan al margen de la ley, comentó a nuestro diario Miguel Ángel Barrios, presidente del CIVU.
El dirigente mencionó que solo en Asunción operan cumpliendo las exigencias legales unas 130 playas, y cerca de 1.000 en todo el país.
Agregó empero que la proliferación de playas informales les supera, ampliamente, en cantidad.
Añadió que debido a esa situación se tiene una mala imagen de la gestión de las concesionarias, razón por la cual se comprometieron a impulsar las medidas preventivas a todas sus asociadas.
En cuanto al tope de US$ 5.000 para operar con efectivo, Barrios agregó que será una medida muy favorable para ellos, porque el manejo de efectivo en la oficina conlleva un gran riesgo. La medida aportará seguridad y transparencia, concluyó el dirigente.