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Airaldi estuvo al frente de la CGR en el período comprendido entre el 2005 y el 2010 y fue su equipo el que, gracias una transitoria apertura de las administraciones de las entidades binacionales, ingresó a las oficinas de Yacyretá e Itaipú.
Según los responsables de la Escuelita, la deuda espuria, llamada de ese modo por ABC Color en 1986, “es otro ejemplo de la sofisticada ingeniería de la ilegalidad que perpetró Brasil en perjuicio de nuestros intereses en la hidroeléctrica, oficializada en 1997 “con la complicidad de las autoridades de turno en el Palacio de López...”.
Añaden que esa “obligación ilegítima” se originó cuando las autoridades brasileñas de la entidad, “sin la oposición de ninguno de sus colegas paraguayos, vendieron energía por debajo del costo a Eletrobrás y a otras empresas del país vecino”.
Sobre la participación de la ANDE en esta decisión que data de 1986, señalan que fue “de manera mínima”.
La utilización paraguaya de la producción de la hidroeléctrica no alcanzaba el 3% del total en 1986; igual el siguiente año, 3,3% en 1988, en tanto que el promedio de la participación nacional en la utilización de la energía entre 1985 y 2017 fue del 7,2%.
Los voceros de la Escuelita recuerdan que el 16 de diciembre de 2010, la CGR, con la firma de su titular, Octavio Airaldi, declaró violatorio del Tratado y Anexos la decisión del Consejo de Administración de Itaipú sobre la “tarifa provisoria” de US$ 10/por KW-mes” que tomó en abril de 1986 “en beneficio sobre todo de las empresas brasileñas”.