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En respuesta a lo manifestado por el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Víctor Romero, que los pliegos para la licitación de la línea de 500 kV entre Ayolas y Villa Hayes, que están a consideración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), no impiden la participación de la industria nacional, directivos del Cime calificaron como una falacia dichas expresiones. “Es una mentira todo lo que declaró el presidente de la ANDE y lo único que acá sirve es que digan que las torres y estructuras metálicas se deben fabricar en Paraguay; con la ventaja de que, si se hace en el país, se desarrolla todo el Paraguay; de lo contrario, el crecimiento del país será ficticio”, señaló Ramiro Vargas Peña, titular del Cime. Asimismo, respecto a que las torres importadas pagan un arancel, aclaró que la importación viene a nombre de la ANDE, que despacha y lleva a sus depósitos, por lo que no se paga ese 15% que señala Romero. El empresario insistió en que la única forma de que se garantice la participación de la industria local es que entre las exigencias figure que la construcción de las torres debe hacerse en el Paraguay.
Agregó que han solicitado la cancelación de todo el proceso considerando que existen serias dudas de su legalidad, puesto que, según figura en la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, los convenios firmados por la ANDE con los organismos multilaterales para financiar la obra no están vigentes.
Al respecto, el Ing. Augusto Ríos Tonina afirmó que los préstamos internacionales, una vez constituidos en ley, ingresan dentro del Presupuesto de la Nación y se rigen bajo leyes vigentes en el país, por consiguiente, es un absurdo total que los representantes de los organismos financieros dicten las normas por las cuales se van a regir las licitaciones públicas en el Paraguay. Además, en el convenio con el BEI, el capítulo referente a la licitación (6.06) indica que el acreditado, en este caso la ANDE, se compromete a adquirir los bienes y contratar las obras y servicios relacionados con el proyecto “mediante procesos internacionales de licitación y contratación pública abierta”. En ningún momento dice que deben ser bajo la modalidad de “llave en mano”.
La CGR hará una auditoría
El Cime solicitó igualmente la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), teniendo en cuenta que los préstamos aprobados por el Congreso debían contar con el dictamen de la CGR antes de su tratamiento, según lo establece el Art. 9º de la Ley 276/93, lo cual no ocurrió. Al respecto, los industriales señalaron que la Contraloría aceptó auditar los convenios de préstamos suscriptos por la ANDE.