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“Estamos exportando actualmente a Uruguay, a Bolivia y a Ecuador, con planes cercanos para exportar igualmente a Perú”, confirmó Talavera.
El ejecutivo de la cervecera local comentó que la calidad de la cerveza producida en el país es apreciada por los consumidores de los mercados señalados. Se suma la situación que pasan algunos de estos mercados, donde las materias primas sufrieron sobrecostos, por lo que la capacidad de producción se vio afectada. Adelantó que están cerrando los planes de producción para el año que viene.
“Tenemos planes de exportar productos a Estados Unidos, España y a un par de países más, llevando la calidad de las cervezas de Cervepar para que sean disfrutadas por consumidores de distintas nacionalidades, además de los paraguayos residentes en el extranjero”, destacó.
Recordó que la fábrica fue ampliada hace un año, aproximadamente, para crear una nueva línea de producción de latas, la que les permite, mediante la calendarización y coordinación con las otras líneas, afrontar los pedidos recibidos. El porcentaje de la producción para envíos al exterior aún no es relevante, siendo el consumo interno el principal destino, explicó. “Pero esperamos que la demanda externa crezca en el corto plazo”, comentó a la vez Talavera.
Contrabando
Por otra parte, el gerente de relaciones interinstitucionales informó recientemente que los últimos meses fueron difíciles para la cervecera debido al ingreso masivo de bebidas de contrabando desde Argentina, por lo que tuvieron que reducir la cantidad de turnos de trabajo habitual.
Asimismo, comentó que la empresa trabajaba en cuatro turnos de seis horas, y en esta época se iniciaba la contratación de nuevos recursos humanos para reforzar el equipo, a manera de dar abasto a la demanda del verano. Sin embargo, actualmente, solo están trabajando a dos turnos y no se prevén nuevas contrataciones. Ya en setiembre, había advertido a través de la Cámara de Anunciantes del Paraguay que, en el caso de cervezas, el impuesto en toda la cadena de esta industria representa casi US$ 30 millones, lo que el fisco y el Estado dejarían de percibir, además de la seguridad social, en impuesto a la renta y toda la cadena de valor.