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En nuestro país hay dos caminos para acceder a un inmueble, al menos de manera legal: la adquisición de una propiedad privada o bien la compra de un inmueble estatal a través del ente agrario que tiene potestad de otorgar título, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert –en el pasado IBR, antes IRA–).
En el caso de las tierras del Chaco que hoy están a nombre de la Ganadera Chajhá, propiedad del Presidente de la República, hubo compras entre firmas del mismo grupo empresarial en 2008, pero si retrocedemos un poco más en el tiempo concluiremos que el título tiene un origen irregular.
Un informe realizado por el Departamento de Geoprocesamiento de Catastro revelaba el mismo año de la compra hecha por Chajhá que la Finca N° 19928, con Padrón N° 3674, hoy N° 147 de Filadelfia (Boquerón), de la que se desprenden las tierras en cuestión, proviene de un padrón de zona urbana de Villa Hayes (Presidente Hayes) que fue cancelado en el 2003 a través de la cuenta corriente catastral N° 30- 0185-04 (ver facsimilar).
Puja judicial
Dentro de esas 35.000 hectáreas de la Ganadera Chajhá hay 4.683 ha que hoy están siendo reivindicadas por el señor Horst Neufeld, quien posee un título de propiedad con origen privado, incluso desde 1886 (época de la posguerra de la Triple Alianza).
A través de la abogada Erika Maune, el señor Neufeld demandó a esa firma por reivindicación de título, pero el juez de Filadelfia que llevaba el caso, Ricardo Medina, rechazó la demanda.
Ayer conversamos con el juez sobre esa resolución, de febrero pasado, apelada por la parte litigante, y el mismo negó que haya inclinado la balanza hacia el Presidente.
Dijo que él ya no lleva ese caso y que espera que se resuelva con justicia en la Corte, instancia donde se encuentra el expediente tras una recusación a un juez de la Cámara de Apelaciones.
Cuando le consultamos sobre el informe de Catastro que revela el origen ilegítimo de la finca de la que proceden las tierras de Chajhá, respondió que no recuerda los detalles.
También conversamos, vía telefónica, con Sergio Godoy, representante legal de Chajhá, además de ser asesor legal de la Presidencia de la República, quien se limitó a decir que el caso está en el ámbito judicial y que “ahí se va a definir quién tiene razón”.
Sin embargo, se sabe que en el país la justicia no siembre está del lado del que tiene la razón. En numerosos casos sale victorioso el poder político y/o económico.
Para la abogada Maune, nos encontramos ante un “evidente, claro y exagerado caso de desigualdad ante la justicia”.
“No se entiende la pretensión del juez (Medina) de rechazar la demanda de mi mandante, pero sí se entiende con toda claridad su intención de someterse rastreramente al poder económico y de tratar de validar acciones delictivas y títulos falsos. O tal vez, imbuido de miedo del demandado, que es ni más ni menos que el Presidente de la República, quien posee una fortuna incalculable”, aseveró.
gbenitez@abc.com.py