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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción que lleva la causa, René Fernández, informó ayer a nuestro diario que cinco veces fue postergada la audiencia preliminar de Santiago Ochipinti, en la que se debe definir si éste va a juicio oral. La nueva fecha fijada es el 12 de este mes.
El agente del Ministerio Público fue consultado sobre la explicación de la defensa de cómo fueron a parar a la cuenta Nº 82005716/1 del banco Itaú, a nombre de Ochipinti, los depósitos de las ONGs “Esperanza - Hambre Cero”, “Asociación Cooperativa Implementadas con Organizaciones Nacionales-Acción” y “Organización 13 de Enero”, que habían recibido millonarios fondos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para la construcción de sistemas de agua potable. Respondió que la versión del acusado es que él realizaba préstamos de forma particular y que había otorgado créditos a representantes de las organizaciones mencionadas, que a su vez le depositaron las cuotas de pago de dicho crédito. Sin embargo, esta es la tercera versión que ensaya Ochipinti para tratar de salvarse del juicio oral por la denuncia de cohecho pasivo, popularmente conocido como coima.
De la venta de carne al negocio de los granos
En una primera conversación que tuvo con ABC al respecto, el funcionario había dicho que él se dedicaba junto con su familia al negocio ganadero y de venta de carne y que precisamente, por la provisión de productos cárnicos recibió los depósitos de dinero.
Después, en otra ocasión, el representante legal de Ochipinti, el abogado José Almada, afirmó lo siguiente sobre la explicación de su mandante: “Él dice que tenía relación con una de estas personas para el acopio de granos, maíz y compra de animales. Se mantiene en que es comprobable que él entregaba dinero a estas personas y que éstas se encargaban de comprar los granos y si no compraban todo o el negocio no se ejecutaba, volvían a depositar”, indicó.
Ahora, volvió a cambiar de versión y afirma que tenía un negocio financiero. Otros acusados en esta misma causa son los representantes de las ONGs en cuestión, por el hecho punible de soborno en grado de autor. Ellos son Derlis Antonio Riveros López, Blanca Lorena Godoy Enciso y Arnaldo Espínola Fidabel.
Coimas del 30%
En la serie de denuncias sobre el “negocio” de los pozos del Indert, había saltado a la luz la existencia de un aparente esquema de coimas por medio del cual las ONGs adjudicadas pagaban coimas del 30% del monto total recibido, que en general se cobraban en efectivo. Pero también se denunció que el mismo Ochipinti recibía parte del dinero en su cuenta bancaria privada, en su carácter de titular del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) y principal responsable de las obras.
La actual administración del Indert repartió más de US$ 20 millones del Fides a dudosas ONGs, que terminaron en manos de políticos y amigos del Gobierno, según saltó a la luz tras investigaciones periodísticas.