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Atendiendo a que la plenaria del Senado ya aprobó el informe de la Comisión de entendimiento que rechaza tanto el acta de entendimiento Cartes-Macri, como la Nota Reversal N° 2 del 2017, la mesa directiva del Senado debería comunicar está posición política al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General del Estado, para adoptar todas las medidas que declaren nulo el proceso licitatorio de Aña Cua, según manifestó ayer el abogado Theodore Stimson, del Simposio Ycuá Satí, que está además integrado por profesores de facultades de Ingeniería y que emitió una serie de recomendaciones al Senado en el caso Aña Cua.
Ante las limitaciones que tiene la Corte Suprema para intervenir en temas binacionales, Stimson dijo que una alternativa que se maneja es recurrir directamente ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en San José, Costa Rica.
“Es una cuestión política de responsabilidad de la clase política. El Poder Ejecutivo tiene el manejo de las relaciones exteriores, y a su cargo a la Cancillería y a la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo debe dar las instrucciones correspondientes para comunicar a la contraparte Argentina de la violación del Tratado y que ningún movimiento de suelo se hará en territorio paraguayo hasta que estado de Derecho, la juridicidad, vuelva a Yacyretá”, fue lo que señaló el abogado.
Sin embargo, el Ejecutivo no solo no tiene intenciones de rever el acuerdo, que según entendidos es ilegal, sino que evitó que el canciller Eladio Loizaga fuera interpelado por este tema en el Senado.
Aña Cua
Para Stimson, Aña Cua, que conlleva la construcción de una represa sin tratado binacional sin beneficio para el Paraguay, pero financiada en un 50% por nuestro país, es una más de las tantas violaciones en ámbito de Yacyretá.
“Los “fortines” que fueron fundando los Argentinos en la Isla Yacyretá en estos últimos 40 años de Tratado, empujando sus fronteras sobre las nuestras, un “uti possidetis” figurado y real en perjuicio de la libre disponibilidad de nuestros recursos naturales, exige de la ciudadanía una reacción para que las instancias políticas activen las correspondientes defensas”, afirmó. ¿Por qué no actúa la Fiscalía?
El artículo 314 del Código Penal, referido a la “Infidelidad en el Servicio Exterior”, establece una pena privativa de libertad de hasta cinco años para funcionarios que en representación de la República ante un organismo extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestatal o intergubernamental, incumpliera una instrucción oficial o elevara informes falsos.
“No sé qué espera la fiscalía para intervenir”, dijo Stimson. Recientemente, Yacyretá convocó a la cuarta licitación para las obras de Aña Cua, cuyo costo se estima en unos 600 millones de dólares aproximadamente.