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El PNUD se ha convertido en los últimos años en una cuasi agencia paralela de contrataciones del Estado paraguayo. Contratar a través de esta organización ha permitido a instituciones públicas esquivar los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y, encima, ha obligado a pagar tasas porcentuales por los montos de los contratos.
En el pasado, varios han sido los escándalos de contrataciones públicas en este rubro que derivaron en denuncias por malos manejos. El caso de los “pozos de oro” del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por más de US$ 20 millones, proyectos antidengue por US$ 18 millones, edificios del Poder Judicial construidos en el interior del país, contrataciones de consultores y servicios varios. Ahora, en el Gobierno de Mario Abdo Benítez, Petropar está llamando por la misma vía a varias licitaciones para inyectar más dinero a la fallida planta de alcohol en Mauricio José Troche (Guairá), según el dato oficial.
Benigno, en contra
Al respecto, el ministro de Hacienda, Benigno López, dijo ayer a ABC Cardinal que no está de acuerdo con este sistema de contratación, pero argumentó que no puede prohibir a la petrolera estatal que los realice porque es ente autónomo. “A mí no me gusta”, dijo en su visita al estudio de la 730 AM, cuando se le planteó el caso.
Cuando se le insistió en el tema y la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos, el ministro dio a entender que tomaría cartas en el asunto para revertir la situación, aunque no especificó a qué se refería. “Hasta ahí lo que te puedo decir”, remató en forma jocosa.
Pero Petropar no es la única (ver facsímil).
Casi 50 operaciones
Ya muy cerca de asumir Mario Abdo, la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Salud Pública estaban detrás de una consultoría para seguimiento de un plan de agua y saneamiento ambiental para comunidades vulnerables.
También el MEC estaba, el año pasado, detrás de la adquisición de libros para 35 institutos de formación docente. Usualmente, alegan que utilizan la vía del PNUD por la rapidez, pero entonces la pregunta es, en medio del año, ¿era urgente comprar libros para docentes? El MEC ha efectuado un par de pedidos más, entre los que pudimos identificar varios para consultores y técnicos.
Uno de los proyectos a cuyo nombre se está haciendo numerosas contrataciones es “Asunción Ciudad Verde de las Américas”, que, según los informes, rondaría un presupuesto superior a US$ 7.400.000 y estarían involucrados la Municipalidad de Asunción, el MOPC, Secretaría Técnica de Planificación, Emergencia Nacional, y las ONG Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay.
Restringido a ONG, por ejemplo, figura una convocatoria del Ministerio del Ambiente para restauración y aprovechamiento de corredores biológicos en Tavaí (Caazapá), que es de agosto de 2018, según lo ratifican en una aclaratoria del 20 de agosto del año pasado.
Otra vez la Corte
En setiembre de 2018, la Corte Suprema pidió provisión, montaje y mantenimiento posterior del tendido de media tensión para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Ese mismo mes se convocó para construir obras civiles en el Palacio de Justicia de la misma ciudad, incluyendo una guardería “y otros programas”. Y añadieron una tercera convocatoria para provisión, montaje y equipamiento inmobiliario para la citada obra, que debería estar regida por la Ley de Contrataciones Públicas.
En octubre del año pasado, aparentemente vía Ministerio del Ambiente, también se pidieron servicios de alquiler de salón, hospedaje y catering para un evento de “Ganadería sostenible y su relación con los bosques”. En la convocatoria definen que el programa REDD de las Naciones Unidas apoyaba el taller regional y no pudimos encontrar quién terminaba financiando.
También entre octubre y noviembre se pidió hasta comprar plantines de clones de eucalipto e insumos para promover e implementar buenas prácticas ganaderas.
En noviembre se volvió a pedir más consultorías para el proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas” para elaborar guías y capacitar guardaparques urbanos, para comprar una estación de monitoreo de calidad del aire, administrar la reserva de Recursos Manejados Ñu Guasu, consultorías para consolidar Consejos de Desarrollos en las Municipalidades, además de propuestas de diseño de una plataforma real o virtual para intercambiar experiencias.
Requirieron más consultorías para implementar alianzas públicas privadas para inversiones de infraestructura o servicios en municipalidades del área metropolitana.
Se sumó Petropar
El 28 de noviembre de 2018 debutó Petropar, pidiendo un servicio de mantenimiento integral del sector molienda para la planta de Troche del ente estatal. El llamado salió el 28 de noviembre y se debía cotizar ya para el 12 de diciembre, apenas unos 15 días después.
El 3 de diciembre apareció la convocatoria para comprar licencias y equipos informáticos varios en el marco del programa de apoyo a la lucha focalizada contra la pobreza. La invitación es del mismísimo Ministerio de Hacienda, para la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, e hicieron constar un ID de Contrataciones Públicas número 343.772, que estaba supuestamente en el Portal de Contrataciones, pero que no hemos logrado localizar. La compra era ad referendum y querían dos proyectores, 10 computadoras de escritorio, un televisor smart, netbook, dos tabletas y 5 licencias de software. Luego, Petropar desembarcó de nuevo en enero con una segunda contratación, en este caso para fiscalizar el servicio de mantenimiento de la planta de Mauricio José Troche en el Guairá.
Alegaban que era un proyecto de apoyo al plan de inversiones de Petropar con ayuda del PNUD. El pasado 3 de enero, la petrolera estatal volvió a la carga, esta vez, para comprar fertilizantes destinados igualmente a la planta de Troche. Con este llamado tenían ya tres operaciones vía PNUD, y el 14 de enero apareció la leyenda “closed early” (cierre temprano), y en español, “cancelado”, con fecha de ayer.
Más técnicos
En este enero también se pidieron técnicos para supervisar datos y planillas para un inventario forestal nacional del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social pidió una consultoría para medir el índice de calidad de vida e incorporación de variables ambientales. El Infona no se quedó atrás, y ayer publicó que necesita contratar dos asistentes en sistemas de información geográfica para apoyo técnico, además de un especialista forestal.