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En conferencia de prensa, Cárdenas afirmó que mediante el SIRT, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por primera vez está cumpliendo con la acordada de la Corte N° 84/98, que exige contar con los planos georreferenciados de las colonias, lotes y desprendimientos históricos. Calificó al catastro rural como “el mayor legado del Gobierno al país” en materia de reforma agraria, pese a los cuestionamientos por parte de funcionarios y campesinos, pues principalmente se han expedido adjudicaciones (unas 25.000) y no títulos (que solo rondan los 500).
En cuanto a la resistencia de los trabajadores del instituto, el titular del Indert dijo que beneficiarios de lotes fiscales y funcionarios han hecho tratos al margen del estatuto agrario, “donde siempre se han dado cuestiones subterráneas, coimas, por eso se dan esas críticas absolutamente infundadas”.
Por su parte, el coordinador del SIRT, Hugo Jiménez Recalde, se refirió a la protesta de campesinos de Juan de Mena (Cordillera), quienes esta semana se manifestaron en contra del citado catastro y pidieron investigación fiscal del uso de los más de US$ 5 millones asignados al mismo. Señaló que en el distrito de referencia hay tres colonias del Indert, de las cuales dos ya fueron regularizadas con entregas de adjudicaciones, aunque reconoció que aún falta expedir títulos por un problema de superposición; en tal sentido, acotó que el Estado tiene mejor derecho y que “una vez dialogado y acordado con terceros, corresponde una escritura rectificativa a partir de una mensura judicial”.
Jiménez Recalde también comparó recursos humanos del Indert con los del SIRT, al señalar que US$ 720.000 al mes le cuestan al Estado los 420 funcionarios del ente, mientras que US$ 92.000 es la demanda de los trabajadores dependientes del catastro rural, que son 123.
Hoy, existe un proyecto de ley que pretende incorporar al SIRT como una dependencia permanente del Indert y el texto incluye artículos considerados inconstitucionales. Según Cárdenas, no existe transgresión a normativas vigentes, aunque el debate al respecto y la decisión estarán a cargo del próximo gobierno.