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“Reafirmamos que todo ciudadano tiene el derecho constitucionalmente garantizado a manifestarse pacíficamente, pero este derecho debe ser ejercido sin conflictos que afecten a los derechos de terceros y –por sobre todo– el orden público establecido en la ley. El cumplimiento de la ley es de vital importancia para que las empresas puedan cumplir con el rol social que le corresponde, asegurando los productos y servicios necesarios”, expresa la nota.