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Hoy se cumplen dos meses del aparatoso desalojo que sufrieran más de 200 familias asentadas en la colonia Guahory, del distrito Tembiaporã (Caaguazú), y tras numerosas reuniones entre campesinos y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), aparentemente se estaría llegando a un acuerdo definitivo.
La representante legal de los labriegos, Abog. Mirian Cristaldo, afirmó ayer a este diario que la asamblea definirá hoy la decisión, pero probablemente, se acepte la propuesta del Gobierno, dada a conocer recientemente a través del propio vicepresidente de la República, Juan Afara, aunque bajo ciertas condiciones.
El planteamiento es que de un total de 240 familias, alrededor de 100 permanezcan en Guahory y la colonia colindante, San Sebastián, en los lotes a ser recuperados por el Indert, que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria. Las 140 familias restantes serían reubicadas en tierras compradas por el ente agrario, en zonas aledañas (ver cuadro).
Según lo explicado por Cristaldo, muchos de los lotes a recuperar contaban con títulos formulados, pero no finiquitados. Estos documentos estaban siendo gestionados por el cuestionado funcionario de la regional del Indert, Armando Díaz Solís, acusado de ser el principal responsable del conflicto, por entregar títulos en el pasado violando la ley del estatuto agrario. Asimismo, agregó otros lotes que estaban con solicitud de familiares de brasileños, como el caso de las hermanas de Jair Weber Weber, las señoras Vanesa y Janina.
Propiedades a comprar
Según los datos oficiales del instituto, este recibió 15 ofertas de tierras para reubicar a las familias de Guahory. De esa cantidad, fueron preseleccionadas siete propuestas, de las cuales dos reúnen los requisitos adecuados.
Una de las propuestas es de la empresa España Informática, de Khalil Ahmad Hijazi y Zulma Fernández de Hijazi. En conversación con ABC, Fernández informó ayer que se trata de 1.550 hectáreas del distrito de Yhú, sobre Ruta 13. “Suelo plantar soja, maíz, tengo la parte ganadera. Son tierras productivas. Tiene dos arroyos, tajamares, es tierra mixta”, acotó la directora de la empresa.
Agregó que si bien pusieron a disposición del Indert la propiedad de referencia, no recibieron comunicación oficial de esta institución. Quedaron en avisar la respuesta hace semanas, pero hasta hoy no dijeron nada, agregó.
La otra propuesta es el inmueble que pertenece a la Industrial Maderil, de Juan Altieri, empresario maderero y vicepresidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Altieri explicó que la propiedad tiene 1.445 hectáreas en la localidad de San Joaquín y que son tierras aptas para las pretensiones del ente rural, pues hoy mismo en el sitio se desarrollan actividades de agricultura, ganadería y reforestación.
“Tiene buena infraestructura, corrales, pastura, con entrada sobre camino de todo tiempo. Es una propiedad que se está trabajando. Tengo entendido que se fueron los campesinos y les gustó, pero no hubo comunicación del Indert”, señaló.
El empresario explicó que ni siquiera se llegó a hablar del precio ni forma de pago, pero que la oferta sería el valor del mercado que se maneja en la zona. “No somos vendedores deseosos, pero la oferta está. No queremos lucrar con el Estado, pero tampoco perder, porque se tratan de tierras altamente productivas”, acotó.
Asamblea general
Por su parte, el presidente de la comisión vecinal de Guahory, Elvio Araújo, subrayó ayer que para hoy a las 8:00 se prevé realizar una asamblea general en Guahory, para analizar la propuesta del Gobierno. Mañana o pasado estarían trayendo la respuesta, en reunión con el presidente del Indert, Justo Cárdenas, y si es posible, con el vicepresidente de la República y las demás autoridades que recientemente plantearon la propuesta a los labriegos.
Se reúne comisión especial
Para hoy a las 8:00 se prevé realizar en la Cámara de Senadores la reunión de la “Comisión especial para dar seguimiento a la situación planteada en las colonias Guahory y San Sebastián de los distritos de Tembiaporã y Raúl Arsenio Oviedo”.
El equipo está presidido por la senadora Esperanza Martínez, quien invitó a la abogada de los campesinos, Mirian Cristaldo, para que presente un informe sobre el conflicto de tierras. La información debe incluir cómo fue la actuación de la policía y la Fiscalía en el desalojo de mediados de setiembre, la intervención del Indert, etc.